/ viernes 7 de agosto de 2020

Se enreda conflicto en Tribunal, por nombramiento de magistrados

Los magistrados que cuentan con amparos para evitar que alguien más ocupe sus cargos recurrirán a las instancias legales

Las inconsistencias que se han generado al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado provocarán que se presenten ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos controversias constitucionales, de acuerdo con magistrados y abogados.

La primera será presentada, según se dio a conocer tras la plenaria que se realizó el pasado miércoles, por el pleno del propio tribunal y la cual estará acompañada de un amparo en contra de la "intromisión" de la actual Legislatura en torno a las vacancias de magistraturas al interior de dicho poder.

La segunda controversia se generará por la adscripción a Salas de tres de los seis magistrados recién nombrados por el Congreso local. Ello, dado que igual número de exmagistrados cuentan con amparos federales con los que se impedía que otra persona ocupara su lugar.

Se trata de los magistrados Gladys Pérez Maldonado, Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, quienes cuentan con amparos que el Consejo de la Judicatura federal les otorgó.

Al darse los nombramientos de los seis magistrados en el Congreso local se determinó que Alma Rosa Flores Ceballos sería colocada en el cargo que ocupaba Gladys Pérez Maldonado; María Lilia Viveros Ramírez estaría en el puesto de Marco Antonio Lezama Moo, y Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre sustituiría a Roberto Dorantes Romero.

El pasado miércoles el pleno del Tribunal determinó que Alma Rosa Flores Ceballos ocupará un cargo en la Sala Constitucional sustituyendo a Lizbeth Hernández Ribbon; Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre fue adscrita a la Primera Sala en el espacio que ocupaba Marco Antonio Lezama Moo; y María Lilia Viveros Ramírez ocupará un espacio en la Octava Sala en suplencia de Roberto Dorantes Romero.

En la sesión del pasado 15 de julio los magistrados del pleno argumentaron que el Congreso local no tiene capacidad legal para retirar o aplicar la jubilación anticipada a magistrados.

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Ante ello, se determinó actuar ante la SCJN contra el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por la que se resuelve la existencia de vacantes definitivas en el Poder Judicial.

En el acuerdo se estableció que no se había dado aviso al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, sobre las magistraturas vacantes, además de darse por enterados sobre el amparo que el magistrado Roberto Dorantes Romero obtuvo en el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito, concluyendo que no puede separarse del cargo en razón de su edad.

De la misma forma, se dio a conocer sobre el amparo que el magistrado Marco Antonio Lezama Moo obtuvo en contra del acto de la separación de su encargo por la edad.

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Aunado a ello la magistrada Gladys Pérez Maldonado obtuvo un amparo para impedir que otra persona pudiera ser nombrada en el cargo que ostentaba.

Pese a que en la sesión del pasado miércoles no se consideró el tema, se prevé que la controversia llegue a la Suprema Corte la semana próxima.

En tanto, desde el Congreso local no se ha emitido respuesta alguna ante los hechos. El último argumento de la Legislatura fue que el día en que se otorgaron los nombramientos a los seis magistrados no se había recibido notificación alguna sobre las resoluciones de los amparos.

SIN ATENDER RECURSOS

La magistrada Concepción Flores Saviaga dio a conocer que de forma personal solicitó que la sesión extraordinaria en la que se realizaron cambios de adscripción en el Tribunal fuera suspendida para evitar el surgimiento de recursos; sin embargo, su petición no fue atendida.

Indicó que se solicitó que la presidenta del Tribunal diera de las notificaciones enviadas por los Juzgados de Distritos respecto a los amparos promovidos por los magistrados.

"Se cuenta con un acuerdo de enero de este año en el que se acordó la inaplicación del retiro forzoso por edad al cumplir 70 años, el cual no se ha considerado", dijo.

La magistrada puntualizó que la vacante del magistrado Roberto Dorantes Romero resulta incongruente a partir del fallo del Tribunal federal, además de que es violatorio de sus garantías protegidas por el amparo obtenido.

Comentó que dicho amparo causó estado desde el pasado 24 de junio al haberse desechado el recurso de revisión hecho valer por el Congreso.

En su opinión, la situación que prevalece al interior del Poder Judicial se relaciona con la llegada de magistrados, entre ellos la presidenta, que carecen de trayectoria y capacidad para desarrollar su labor.

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Recordó que desde que se dio el nombramiento de Sofía Martínez Huerta como presidenta del Tribunal, en diciembre pasado, estuvo en contra del proceso por considerarlo "amañado".

CONTROVERSIA EN PUERTA

El presidente del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, Valentín Olmos Alfonso, señaló que la magistrada presidenta del Tribunal pudo haber hecho uso de la autoridad que le concede la ley para evitar el nombramiento de los tres magistrados, pero permitió que el proceso de adscripción se llevara a cabo.

"La magistrada tenía veinte días para designar a los magistrados respecto al mandato que tenía desde la Federación. Durante la asamblea se hacen los nombramientos, al celebrar la asamblea y dar los nombramientos, los nuevos magistrados tienen un sustento legal", dijo.

Explicó que lo procedente a partir de ello es una controversia constitucional, debido a que los magistrados que cuentan con amparos para evitar que alguien más ocupe sus cargos recurrirán a las instancias legales para hacerlos valer.

Asimismo, mencionó que al obtener la adscripción los magistrados recién llegados al Poder Judicial pueden hacer valer sus derechos como integrantes del Tribunal, lo que complicaría la resolución que deba emitir la Suprema Corte.

"Se va a dar una controversia constitucional porque al ser nombrados los magistrados no se les puede remover. Al llevarse a cabo la asamblea y no dar atención a la orden federal (los amparos) se puede exigir que se dé cumplimiento a la misma", expresó.

Puntualizó que durante el tiempo en el que la Suprema Corte otorgue la resolución a esta controversia los magistrados nombrados deben asumir las actividades que les fueron otorgadas y los magistrados que fueron jubilados tendrán que esperar para saber si pueden regresar al Tribunal o no.

Las inconsistencias que se han generado al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado provocarán que se presenten ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos controversias constitucionales, de acuerdo con magistrados y abogados.

La primera será presentada, según se dio a conocer tras la plenaria que se realizó el pasado miércoles, por el pleno del propio tribunal y la cual estará acompañada de un amparo en contra de la "intromisión" de la actual Legislatura en torno a las vacancias de magistraturas al interior de dicho poder.

La segunda controversia se generará por la adscripción a Salas de tres de los seis magistrados recién nombrados por el Congreso local. Ello, dado que igual número de exmagistrados cuentan con amparos federales con los que se impedía que otra persona ocupara su lugar.

Se trata de los magistrados Gladys Pérez Maldonado, Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, quienes cuentan con amparos que el Consejo de la Judicatura federal les otorgó.

Al darse los nombramientos de los seis magistrados en el Congreso local se determinó que Alma Rosa Flores Ceballos sería colocada en el cargo que ocupaba Gladys Pérez Maldonado; María Lilia Viveros Ramírez estaría en el puesto de Marco Antonio Lezama Moo, y Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre sustituiría a Roberto Dorantes Romero.

El pasado miércoles el pleno del Tribunal determinó que Alma Rosa Flores Ceballos ocupará un cargo en la Sala Constitucional sustituyendo a Lizbeth Hernández Ribbon; Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre fue adscrita a la Primera Sala en el espacio que ocupaba Marco Antonio Lezama Moo; y María Lilia Viveros Ramírez ocupará un espacio en la Octava Sala en suplencia de Roberto Dorantes Romero.

En la sesión del pasado 15 de julio los magistrados del pleno argumentaron que el Congreso local no tiene capacidad legal para retirar o aplicar la jubilación anticipada a magistrados.

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Ante ello, se determinó actuar ante la SCJN contra el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por la que se resuelve la existencia de vacantes definitivas en el Poder Judicial.

En el acuerdo se estableció que no se había dado aviso al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, sobre las magistraturas vacantes, además de darse por enterados sobre el amparo que el magistrado Roberto Dorantes Romero obtuvo en el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito, concluyendo que no puede separarse del cargo en razón de su edad.

De la misma forma, se dio a conocer sobre el amparo que el magistrado Marco Antonio Lezama Moo obtuvo en contra del acto de la separación de su encargo por la edad.

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Aunado a ello la magistrada Gladys Pérez Maldonado obtuvo un amparo para impedir que otra persona pudiera ser nombrada en el cargo que ostentaba.

Pese a que en la sesión del pasado miércoles no se consideró el tema, se prevé que la controversia llegue a la Suprema Corte la semana próxima.

En tanto, desde el Congreso local no se ha emitido respuesta alguna ante los hechos. El último argumento de la Legislatura fue que el día en que se otorgaron los nombramientos a los seis magistrados no se había recibido notificación alguna sobre las resoluciones de los amparos.

SIN ATENDER RECURSOS

La magistrada Concepción Flores Saviaga dio a conocer que de forma personal solicitó que la sesión extraordinaria en la que se realizaron cambios de adscripción en el Tribunal fuera suspendida para evitar el surgimiento de recursos; sin embargo, su petición no fue atendida.

Indicó que se solicitó que la presidenta del Tribunal diera de las notificaciones enviadas por los Juzgados de Distritos respecto a los amparos promovidos por los magistrados.

"Se cuenta con un acuerdo de enero de este año en el que se acordó la inaplicación del retiro forzoso por edad al cumplir 70 años, el cual no se ha considerado", dijo.

La magistrada puntualizó que la vacante del magistrado Roberto Dorantes Romero resulta incongruente a partir del fallo del Tribunal federal, además de que es violatorio de sus garantías protegidas por el amparo obtenido.

Comentó que dicho amparo causó estado desde el pasado 24 de junio al haberse desechado el recurso de revisión hecho valer por el Congreso.

En su opinión, la situación que prevalece al interior del Poder Judicial se relaciona con la llegada de magistrados, entre ellos la presidenta, que carecen de trayectoria y capacidad para desarrollar su labor.

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Recordó que desde que se dio el nombramiento de Sofía Martínez Huerta como presidenta del Tribunal, en diciembre pasado, estuvo en contra del proceso por considerarlo "amañado".

CONTROVERSIA EN PUERTA

El presidente del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, Valentín Olmos Alfonso, señaló que la magistrada presidenta del Tribunal pudo haber hecho uso de la autoridad que le concede la ley para evitar el nombramiento de los tres magistrados, pero permitió que el proceso de adscripción se llevara a cabo.

"La magistrada tenía veinte días para designar a los magistrados respecto al mandato que tenía desde la Federación. Durante la asamblea se hacen los nombramientos, al celebrar la asamblea y dar los nombramientos, los nuevos magistrados tienen un sustento legal", dijo.

Explicó que lo procedente a partir de ello es una controversia constitucional, debido a que los magistrados que cuentan con amparos para evitar que alguien más ocupe sus cargos recurrirán a las instancias legales para hacerlos valer.

Asimismo, mencionó que al obtener la adscripción los magistrados recién llegados al Poder Judicial pueden hacer valer sus derechos como integrantes del Tribunal, lo que complicaría la resolución que deba emitir la Suprema Corte.

"Se va a dar una controversia constitucional porque al ser nombrados los magistrados no se les puede remover. Al llevarse a cabo la asamblea y no dar atención a la orden federal (los amparos) se puede exigir que se dé cumplimiento a la misma", expresó.

Puntualizó que durante el tiempo en el que la Suprema Corte otorgue la resolución a esta controversia los magistrados nombrados deben asumir las actividades que les fueron otorgadas y los magistrados que fueron jubilados tendrán que esperar para saber si pueden regresar al Tribunal o no.

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