/ lunes 18 de mayo de 2020

Sentencia de 9 años de prisión, a Javier Duarte

La magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, de Ciudad de México, determinó como idóneas las pruebas ofrecidas por la entonces PGR

Xalapa, Ver.-La sentencia de 9 años de prisión impuesta desde el 2018 al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa fue confirmada por un tribunal federal.

Sin embargo, fue revocado -de manera temporal- el decomiso de más de 40 propiedades supuestamente ligadas al exmandatario veracruzano bajo el argumento de que se trata de bienes de otros procesados que aún no son condenados, y por lo tanto debe esperarse hasta el cierre total de caso.

De acuerdo a la información publicada por Animal Político, la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, determinó como idóneas las pruebas ofrecidas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para vincular a Duarte de Ochoa con entramado criminal que a través de empresas fantasma y prestanombres consiguió desviar recursos del erario.

La resolución dada por el tribunal federal -a partir de una apelación del exfuncionario- detalla que el proceso penal en el que Duarte aceptó declarase culpable fue totalmente legal ya que fue él quien aceptó renunciar a su derecho de defenderse en un juicio y de combatir las pruebas del Ministerio Público, quitándose la posibilidad de haber entrado al fondo de su asunto.

La sentencia se funda en los hechos y las pruebas aceptadas por el acusado (…) Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante el juez de control, en cuanto al delito y la responsabilidad. Lo único exigible ante el juez y luego ante el tribunal, es que los datos de prueba sean suficientes e idóneos”, concluye la magistrada.

Por cuanto hace a la multa de 58 mil 890 pesos que se le impuso a Javier Duarte por ambos delitos, así como la amonestación verbal que se le dictó para no incurrir de nuevo en estas actividades y la pérdida de sus derechos políticos durante el tiempo en que dure la condena también fue confirmada por la magistrada.

Cabe recordar que, el exgobernador veracruzano obtuvo la sentencia en una audiencia preliminar donde se declaró culpable y renunció a su derecho de ir a un juicio a cambio de la pena mínima. Por ello, aunque los abogados defensores de Duarte intentaron argumentar que varias de las pruebas presentadas por la entonces PGR tendrían que ser desestimadas porque se obtuvieron violando los derechos humanos del exgobernador, la magistrada negó lo anterior al considerar que estas pruebas ya no son procedentes, pues el propio exgobernador de Veracruz rechazó combatirlas y aceptarlas para obtener la pena reducida.

Sobre el decomiso de las más de 40 propiedades entre las que se encuentran terrenos ejidales, casas y departamentos en Campeche Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Guerrero; al tratarse de propiedades ligadas a otras personas que siguen en proceso o que no han sido detenidos la justicia federal determinó que habrá que esperar a la resolución de dichos procesos.

Xalapa, Ver.-La sentencia de 9 años de prisión impuesta desde el 2018 al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa fue confirmada por un tribunal federal.

Sin embargo, fue revocado -de manera temporal- el decomiso de más de 40 propiedades supuestamente ligadas al exmandatario veracruzano bajo el argumento de que se trata de bienes de otros procesados que aún no son condenados, y por lo tanto debe esperarse hasta el cierre total de caso.

De acuerdo a la información publicada por Animal Político, la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, determinó como idóneas las pruebas ofrecidas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para vincular a Duarte de Ochoa con entramado criminal que a través de empresas fantasma y prestanombres consiguió desviar recursos del erario.

La resolución dada por el tribunal federal -a partir de una apelación del exfuncionario- detalla que el proceso penal en el que Duarte aceptó declarase culpable fue totalmente legal ya que fue él quien aceptó renunciar a su derecho de defenderse en un juicio y de combatir las pruebas del Ministerio Público, quitándose la posibilidad de haber entrado al fondo de su asunto.

La sentencia se funda en los hechos y las pruebas aceptadas por el acusado (…) Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante el juez de control, en cuanto al delito y la responsabilidad. Lo único exigible ante el juez y luego ante el tribunal, es que los datos de prueba sean suficientes e idóneos”, concluye la magistrada.

Por cuanto hace a la multa de 58 mil 890 pesos que se le impuso a Javier Duarte por ambos delitos, así como la amonestación verbal que se le dictó para no incurrir de nuevo en estas actividades y la pérdida de sus derechos políticos durante el tiempo en que dure la condena también fue confirmada por la magistrada.

Cabe recordar que, el exgobernador veracruzano obtuvo la sentencia en una audiencia preliminar donde se declaró culpable y renunció a su derecho de ir a un juicio a cambio de la pena mínima. Por ello, aunque los abogados defensores de Duarte intentaron argumentar que varias de las pruebas presentadas por la entonces PGR tendrían que ser desestimadas porque se obtuvieron violando los derechos humanos del exgobernador, la magistrada negó lo anterior al considerar que estas pruebas ya no son procedentes, pues el propio exgobernador de Veracruz rechazó combatirlas y aceptarlas para obtener la pena reducida.

Sobre el decomiso de las más de 40 propiedades entre las que se encuentran terrenos ejidales, casas y departamentos en Campeche Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Guerrero; al tratarse de propiedades ligadas a otras personas que siguen en proceso o que no han sido detenidos la justicia federal determinó que habrá que esperar a la resolución de dichos procesos.

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