Córdoba, Ver.- La síndica María Josefina Gallardo Hernández y la regidora Brenda Flores Apale, responsabilizan al gobernador Cuitláhuac García Jiménez así como al Secretario de Gobierno Erick Cisneros Burgos de lo que les pueda pasar a ellas y a sus familiares pues siguen recibiendo presuntas amenazas por parte del alcalde de Coetzala Fortino Cocotle Damián esto por denuncia violencia política de género y anomalías en la tesorería municipal.
Desde el año pasado han demandado ante el gobierno del Estado diversas anomalías como uso indebido del dinero y desvío de recursos por ello piden se audite la tesorería municipal de Coetzala, “a 7 meses de haber tomando el cargo, continua impune nuestro caso y este presuntamente señala al estado y a los diputados del congreso como sus protectores y parece que es verdad pues pese a las denuncias interpuestas en la fiscalía, las solicitudes de intervención, no se ha hecho nada”.
Ambas ediles municipales denunciaron recibir presuntas amenazas por no apoyar las decisiones que el alcalde Cocotle Damián está tomando, por ello expresan temer por su vida pues no cuentan con respaldo policial que según el Tribunal Electoral les iba a poner.
La regidora única, Brenda Flores Apale expresó que Franklin Villegas Olivares quien dice ser enviado por el Congreso del Estado para llevar la tesorería municipal, sin embargo este les ha externado que es mejor firmar lo que se les pida para que no tengan problemas. Cabe señalar que esta persona no presentó algún documento que lo acredite como enviado.
Asimismo, pusieron en entredicho el trabajo de Erick Domínguez Vázquez, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado pues se está “pasando por el arco del triunfo” las instrucciones dadas por el pleno y ha hecho caso omiso a las aclaraciones que ambas ediles han solicitado mediante 3 documentos redactados.
“Señor gobernador, secretario de gobierno y presidente de la comisión de vigilancia del Congreso del Estado les exigimos pongan en práctica las políticas de erradicación de violencia contra la mujer y acudimos a ustedes antes de ser un número más en la estadística de feminicidios y los responsabilizamos sobre algún atentado contra nosotras o nuestras familias”.
Josefina Gallardo y Brenda Flores temen por las represarías que pueda tomarse en su contra por denunciar abiertamente estos temas, por ello exigen seguridad municipal pues se sienten vulneradas a cualquier ataque, “es una vergüenza que en pleno siglo XXI los legisladores sigan brincando a otros cargos cuando no pueden resolver los asuntos pendientes, discriminación y falta de atención a las suscritas por ser mujeres indígenas”.
Por su parte la Síndica Única, Josefina Gallardo expuso que no han asistido a trabajar, pues el alcalde si cuenta con seguridad misma que las intimida cuando buscan acercarse el edil para entregar algún documento respecto a sus labores.
