/ jueves 30 de diciembre de 2021

Venden a tres de cada 10 niñas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas por usos y costumbres

La diputada Eufrosina Cruz propuso cambios al Código Penal para castigar a los que pacten matrimonios forzados

Tres de cada diez niñas de 10 a 15 años en comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas siguen siendo vendidas por usos y costumbres y para matrimonios forzados. No son casos aislados, sino una práctica cotidiana en sus entornos y donde el Estado no quiere intervenir para poner un alto, denuncia Eufrosina Cruz Mendoza, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.

En entrevista con El Sol de México, la legisladora refirió que las niñas vendidas tienen entre 10 y 15 años, por lo que mientras el Gobierno federal no implemente una política pública para empoderar a las menores, las historias de ventas de niñas y adolescentes seguirán.

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“Mientras no haya programas y proyectos que empoderen a las mujeres en esas comunidades, también vamos a seguir hablando (de estos casos). No basta entregar subsidios, y lo he dicho, yo no creo en los subsidios, detienen el desarrollo y la capacidad de la humanidad. Hay que crear políticas públicas, responsabilidad para que las niñas y las mujeres sepan que pueden salir adelante con sus propios méritos, a través de acciones o actividades que ya saben hacer”, explicó la legisladora.

Denunció que en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca todavía sigue habiendo este tipo de prácticas de manera cotidiana. “No hablo de las cabeceras municipales, porque a veces dicen en el municipio tal; no son en las cabeceras, son en las comunidades que convergen en esos municipios.

“En muchos casos son las rancherías, las agencias municipales, los núcleos rurales, que están más alejados y con mayor desigualdad. Por eso, esas prácticas se invisibilizan, porque es la normalidad de estos entornos que se amparan en la cultura y las costumbres, cuando no deben ampararse en eso. Es violación a los derechos humanos aquí y donde sea”, expresó.

Como ejemplos de lo que sucede cotidianamente en esas tres entidades recordó el caso de una adolescente que huyó de un matrimonio forzado por el que su familia recibió 120 mil pesos.

Su caso salió a la luz en octubre pasado luego de que la Policía Comunitaria de Dos Ríos, en el municipio de Cochoapa El Grande, Guerrero, la detuviera a ella y a sus tres hermanas menores, y la encarcelara como medida de presión hasta que sus padres devolvieran al suegro la cantidad que pagó por ella para que se casara con su hijo.

La menor denunció que huyó de la casa de sus suegros porque el padre de su esposo la intentó violar en cuatro ocasiones bajo el pretexto de que había pagado por ella. Fue la niña, y no el abusador, quien pisó la prisión.

Otra historia, ejemplificó Cruz Mendoza, es la de una niña mixteca de 10 años que fue vendida por sus hermanos a cambio de 50 cartones de cerveza. También está el caso del cacique de un poblado de Mazatlán Villa de Flores, en Oaxaca, que tenía tres niñas como esposas justificando que nada más él las podía mantener.

En este contexto, la diputada del PRI señaló que está proponiendo cambios al Código Penal para adicionar el castigo de privación de libertad a quienes estén involucrados en la venta de niñas y los matrimonios forzados.

“Mientras no haya una consecuencia, va a seguir fortaleciéndose o va a seguir sucediendo. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es una adición o un capítulo nuevo al Código Penal, para que sea una sanción privativa de la libertad a quien tenga la tutela, la curatela, quien tenga la adopción y quien también entregue en especie o en recurso económico (el pago).

La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de San Lázaro compartió que en ocasiones le reprochan cómo podría meter a la cárcel a un papá que no sabe leer ni escribir, siendo este el argumento común para no concretar sanciones.

A lo que ella responde con otras preguntas: “¿Cómo es posible que sí sancionan la compra o robo de una vaca? ¿O en la invasión de una tierra en la misma comunidad, ahí si hay una sanción? ¿Y cómo en la entrega forzada no hay sanciones?”.

“Si el señor que va a entregar a su hija en matrimonio sabe que se va a la cárcel, lo va a pensar dos veces, pero esto tiene que ir acompañado de políticas públicas”, añadió.

Eufrosina Cruz lamentó los dobles discursos. “Somos como esas sociedades de doble moral, por una cosa decimos que está bien, por otras nos da miedo asumir nuestra responsabilidad como sociedad, hacer este tipo de acciones”.

La legisladora priista añadió que el tema de la venta de niñas deriva en otros delitos como el tráfico y prostitución de menores. “Somos el primer lugar en el mundo de pornografía infantil, y ahí también es una responsabilidad de la sociedad: quien abre una página de pornografía también es responsable de que haya ese tipo de delitos”.

No obstante, el presupuesto para atender estos problemas cada vez es menor. “Con saliva no se construyen acciones, es con presupuesto, y no apostar al empoderamiento a las mujeres es negar la capacidad de un país”, concluyó.



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Tres de cada diez niñas de 10 a 15 años en comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas siguen siendo vendidas por usos y costumbres y para matrimonios forzados. No son casos aislados, sino una práctica cotidiana en sus entornos y donde el Estado no quiere intervenir para poner un alto, denuncia Eufrosina Cruz Mendoza, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.

En entrevista con El Sol de México, la legisladora refirió que las niñas vendidas tienen entre 10 y 15 años, por lo que mientras el Gobierno federal no implemente una política pública para empoderar a las menores, las historias de ventas de niñas y adolescentes seguirán.

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“Mientras no haya programas y proyectos que empoderen a las mujeres en esas comunidades, también vamos a seguir hablando (de estos casos). No basta entregar subsidios, y lo he dicho, yo no creo en los subsidios, detienen el desarrollo y la capacidad de la humanidad. Hay que crear políticas públicas, responsabilidad para que las niñas y las mujeres sepan que pueden salir adelante con sus propios méritos, a través de acciones o actividades que ya saben hacer”, explicó la legisladora.

Denunció que en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca todavía sigue habiendo este tipo de prácticas de manera cotidiana. “No hablo de las cabeceras municipales, porque a veces dicen en el municipio tal; no son en las cabeceras, son en las comunidades que convergen en esos municipios.

“En muchos casos son las rancherías, las agencias municipales, los núcleos rurales, que están más alejados y con mayor desigualdad. Por eso, esas prácticas se invisibilizan, porque es la normalidad de estos entornos que se amparan en la cultura y las costumbres, cuando no deben ampararse en eso. Es violación a los derechos humanos aquí y donde sea”, expresó.

Como ejemplos de lo que sucede cotidianamente en esas tres entidades recordó el caso de una adolescente que huyó de un matrimonio forzado por el que su familia recibió 120 mil pesos.

Su caso salió a la luz en octubre pasado luego de que la Policía Comunitaria de Dos Ríos, en el municipio de Cochoapa El Grande, Guerrero, la detuviera a ella y a sus tres hermanas menores, y la encarcelara como medida de presión hasta que sus padres devolvieran al suegro la cantidad que pagó por ella para que se casara con su hijo.

La menor denunció que huyó de la casa de sus suegros porque el padre de su esposo la intentó violar en cuatro ocasiones bajo el pretexto de que había pagado por ella. Fue la niña, y no el abusador, quien pisó la prisión.

Otra historia, ejemplificó Cruz Mendoza, es la de una niña mixteca de 10 años que fue vendida por sus hermanos a cambio de 50 cartones de cerveza. También está el caso del cacique de un poblado de Mazatlán Villa de Flores, en Oaxaca, que tenía tres niñas como esposas justificando que nada más él las podía mantener.

En este contexto, la diputada del PRI señaló que está proponiendo cambios al Código Penal para adicionar el castigo de privación de libertad a quienes estén involucrados en la venta de niñas y los matrimonios forzados.

“Mientras no haya una consecuencia, va a seguir fortaleciéndose o va a seguir sucediendo. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es una adición o un capítulo nuevo al Código Penal, para que sea una sanción privativa de la libertad a quien tenga la tutela, la curatela, quien tenga la adopción y quien también entregue en especie o en recurso económico (el pago).

La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de San Lázaro compartió que en ocasiones le reprochan cómo podría meter a la cárcel a un papá que no sabe leer ni escribir, siendo este el argumento común para no concretar sanciones.

A lo que ella responde con otras preguntas: “¿Cómo es posible que sí sancionan la compra o robo de una vaca? ¿O en la invasión de una tierra en la misma comunidad, ahí si hay una sanción? ¿Y cómo en la entrega forzada no hay sanciones?”.

“Si el señor que va a entregar a su hija en matrimonio sabe que se va a la cárcel, lo va a pensar dos veces, pero esto tiene que ir acompañado de políticas públicas”, añadió.

Eufrosina Cruz lamentó los dobles discursos. “Somos como esas sociedades de doble moral, por una cosa decimos que está bien, por otras nos da miedo asumir nuestra responsabilidad como sociedad, hacer este tipo de acciones”.

La legisladora priista añadió que el tema de la venta de niñas deriva en otros delitos como el tráfico y prostitución de menores. “Somos el primer lugar en el mundo de pornografía infantil, y ahí también es una responsabilidad de la sociedad: quien abre una página de pornografía también es responsable de que haya ese tipo de delitos”.

No obstante, el presupuesto para atender estos problemas cada vez es menor. “Con saliva no se construyen acciones, es con presupuesto, y no apostar al empoderamiento a las mujeres es negar la capacidad de un país”, concluyó.



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