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“Perdón” a expolicías que incriminaron; Fiscalía les otorga beneficio

  • El Sol de Córdoba
  • en Policia

Roberto Sosa

 

Xalapa, Ver.- Tres exmandos policiacos de la administración de Javier Duarte, así como 16 elementos que formaban parte de la Fuerza de Reacción de la Policía Estatal fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada de personas.

La jueza Alma Aleida Sosa Jiménez refirió que los primeros fueron vinculados como autores mediatos y los otros 16 fueron vinculados como autores materiales, esto luego de 16 horas de audiencia.

La vinculación a proceso se logró en parte con declaraciones aportadas por cuatro testigos de identidad reservada, los cuales fueron policías que habrían participado en las detenciones de las personas que después fueron desparecidas. La Fiscalía, por su aportación, no les ejerció acción penal.

Los tres exmandos detenidos son: Arturo “N”, quien fue secretario de Seguridad Pública; Roberto “N”, jefe de la Fuerza Civil; y José Óscar, quien fungía como jefe operativo de Seguridad Pública. Hay un cuarto exmando, José Nabor, quien está prófugo.

Además de la vinculación a proceso la jueza dio un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, esto a pesar de que el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, solicitó al órgano jurisdiccional un plazo de seis meses y la defensa un plazo de tres.

Cabe destacar que la jueza valoró 89 datos de prueba expresados al momento de solicitar la vinculación a proceso, por parte del fiscal especial Luis Eduardo Coronel Gamboa.

Entre esos 89 datos de prueba figura lo declarado por cuatro testigos de identidad reservada, los cuales formaban parte del área policiaca denominada Fuerza de Reacción, a los cuales la Fiscalía decidió no ejercerles acción penal, otorgándoles lo que en términos legales se conoce como criterio de oportunidad.

Esos testigos de identidad reservada son quienes detallaron cuál era el modo de operar para poner “a disposición” personas presuntamente relacionadas con grupos delictivos y la forma en que eran entregados a otro grupo de la policía veracruzana conocido como Fuerza Especial, el cual se hacía “cargo” de ellos presuntamente por instrucciones de mandos superiores.

Esos testigos aseguraron que recuerdan algunos de los casos de los 15 desaparecidos que se trataron en la audiencia, y aunque ellos participaron en las acciones, la Fiscalía les dio un “criterio de oportunidad”.

Sobre esto, la defensa de los 16 policías detenidos aduce que no se les debió otorgar ese criterio, pues ni la antigua ley o la nueva lo permiten.

Sin embargo, las acusaciones de los referidos testigos y los demás medios de prueba presentados por la Fiscalía fueron aceptados por la jueza.

ESCOGÍAN VÍCTIMAS EN RETENES

En el caso del testigo de identidad resguardada identificado como 03, expuso cómo se llevaba a cabo la detección de personas presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada, cómo eran interrogadas y cómo eran entregadas a la Fuerza Especial.

El fiscal expresó en la audiencia que ese testigo fue parte de esa estructura de Fuerza de Reacción, pero también formó parte del agrupamiento policiaco Tajín, el cual tuvo bajo su mando los retenes de Xalapa, donde también se aplicaba esa misma política de detectar, interrogar y entregar a la Fuerza Especial a las personas presuntamente ligadas a algún grupo delincuencial, grupo al que —precisó el fiscal— también se le llamaba “fiel” o “fieles”.

El fiscal especial precisó que son cuatro testimonios de los testigos de identidad resguardada, en los cuales se señala la forma de trabajar en esa cadena de mando y uno de ellos incluso aseguró haber escuchado esas instrucciones del propio jefe.

A estas declaraciones también se suma la entrevista a cuatro de los sobrevivientes de esta política implementada para detectar, interrogar y entregar a personas a otro grupo policiaco, tras lo cual generalmente ya no se sabía nada de ellos.

Entre los sobrevivientes están una persona que narró cómo operaba la Fuerza de Reacción y la Fuerza Especial, pues dice que fue detenida y entregada al grupo Fuerza Especial específicamente al comandante de grupo “Black”.

Jaqueline E. es una de los sobrevivientes. Narra cómo fue intervenida y llevada a la Academia de Policía de El Lencero. Otro de los testigos es Iván B., quien asegura que fue detenido y debido a un culatazo con un arma se desmayó, pero cuando despertó estaba en un cuarto siendo interrogado, después de esto fue liberado.

Otro de los casos es una testigo de identidad resguardada, la cual era pareja de una de las personas levantadas de nombre “José Ulises”, quien a pesar de estar embarazada y de ir con su hijo fue violada y le propinaron toques eléctricos.

Además se indicó que en el área de Asuntos Internos no hubo un solo policía sancionado en la pasada administración estatal, a pesar de que también hubo dos recomendaciones de Derechos Humanos. El fiscal incluso señaló en la audiencia que un testigo asegura que le ofrecieron dinero por retirar su queja y que manifestara que ya había aparecido su familiar, por lo que ese testigo ofrece audio y video de esto.

El fiscal especial Eduardo Coronel planteó que los 16 policías debían ser vinculados a proceso por ser autores materiales de la desaparición forzada de 15 personas, especificando de cada uno en qué desaparición participó, pidió lo mismo para los tres mandos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública, por ser autores mediatos.

De acuerdo con lo narrado por la representación social en la vinculación a proceso, estas fuerzas policiacas ya tenían lugares establecidos para interrogar a quienes detenían y uno de éstos se encontraba en la zona de Casas Homex en el camino que va hacia El Castillo, en Xalapa.

El Modus operandi

Las víctimas en su mayoría fueron intervenidas por la Fuerza de Reacción a la altura de El Gallito, en el municipio de Banderilla, y en la zona de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. Cabe destacar que el lugar “de entrega” de las víctimas luego de ser intervenidas con presuntos mensajes y llamadas a un grupo delictivo, fue abajo del puente de la Central de Abastos e incluso la propia Academia de Policía de El Lencero.

Las 15 víctimas responden a los nombres de Héctor, José, Alberto, José Ulises, Jorge, Liberio, Uriel, Viviana, Antonio, Héctor, Cecilia, Carlos, Humberto, José y Andrés.

Cabe destacar que la defensa de los policías acusados expuso que las tarjetas informativas no tienen sellos, firmas o registros oficiales ni tampoco cuál fue la forma de obtenerlas.

Al finalizar la audiencia la defensa solicitó que se hiciera el cómputo de los tres días para ejercer lo que a derecho corresponda, mismo que precisó la jueza vence el próximo lunes a las 23:59 horas.

Cabe destacar que los imputados y ahora vinculados a proceso tienen medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo lo que dure el proceso.

A las afueras del recinto judicial permanecieron los familiares de los imputados, sobre todo de los elementos que formaban parte de la Fuerza de Reacción y quienes exigieron un trato justo.

Por su parte también algunos miembros de los colectivos que buscan a personas desaparecidas también estuvieron hasta la madrugada de hoy esperando para conocer si la jueza de control Alma Aleida Sosa Jiménez vinculaba a proceso a quienes están señalados de lo que la ley marca como el delito de desaparición forzada de personas.

Al inicio de esta audiencia de vinculación a proceso hubo queja de la defensa por la divulgación de los datos personales de los imputados, pero además solicitaron que se les hiciera entrega de una lista de los medios de comunicación presentes en esa audiencia y que se diera lectura al artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), donde se habla de que los imputados tienen derecho a la intimidad y a la protección de sus datos personales, por lo que se leyó a los medios de comunicación el mencionado artículo.

Previo a que la jueza de control Alma Aleida Sosa Jiménez diera su resolución de la vinculación o no a proceso en este proceso, que es el 22/2018, el abogado de la defensa Rodolfo de la Guardia hizo del conocimiento de la jueza de control Alma Aleida Sosa Jiménez que había notas periodísticas que habían dado nombres y datos de los imputados, por lo que mencionó algunos de los medios y solicitó que se tomaran las medias necesarias, pues incluso se presumía que esa información había salido del interior.

Resaltó que hoy enviaría a la juzgadora las notas periodísticas para sustentar y que se tomaran las medidas de apremio y pidió que nuevamente se hiciera el llamado a los medios para acatar el artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ante lo hecho valer por la defensa, la juzgadora dijo que se tomaría nota de esa situación y dio vista a la Fiscalía General del Estado para que hiciera lo conducente ante las quejas presentadas por los familiares de los imputados.

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