/ jueves 2 de agosto de 2018

Buscan redistribución de fideicomiso del río Sonora

El 22 de agosto la Suprema Corte va a tener la sesión final sobre la repartición de 2 mmdp en remuneración por la contaminación del afluente

Sonora.- Debido a las irregularidades en la distribución del fideicomiso del río Sonora por parte de la empresa Grupo México, un nuevo amparo podría garantizar a los damnificados por el derrame tóxico la redistribución total de este recurso desde cero.

Benjamin Cokelet, director ejecutivo de la asociación civil Poder, indicó que el 22 de agosto la Suprema Corte va a tener la sesión final sobre la distribución de dos mil millones de pesos en remuneración por el vertimiento de 40 millones de litros de sulfato de cobre en el río Sonora, el que tuvo lugar el 6 de agosto de 2014.

De acuerdo con el titular de la organización, aunque esta iniciativa fue de corte privada porque el dinero depositado ahí salía de la empresa, al momento de conformar su administración pusieron al subsecretario de Semarnat, Rodolfo Lacy Tamayo, como presidente del equipo técnico.

Tres organizaciones se encargaron de la repartición del dinero del fideicomiso, una de ellas el Colegio de Ingenieros Ambientales de México AC, la cual fue fundada por el funcionario en cuestión.

Con la participación del funcionario, el fideicomiso se volvió público y por ello Grupo México podría ser sujeto a este recurso legal por los comités de cuenca, debido a las violaciones hechas en materia de amparo a lo largo de los últimos cuatro años.

"Si es que los comités de cuenca ganan el segundo amparo, el 100% de los elefantes blancos, de los pagos que se han hecho mal, de las obras que no han concluido, todo esto va a tener que reempezar de cero", explicó Cokelet.

Asimismo, Grupo México tendría que replantear una consulta a las personas a lo largo del río Sonora, además serían sujetos a diferentes tipos de diligencia jurídica por parte de las autoridades respectivas.

Cokelet expresó que había dos o tres plazos prometidos en los que Grupo México debía depositar los dos mil millones ofrecidos, sin embargo sólo se dio una parte y el resto no fue cubierto, aunado a esto, de las cinco zonas del río en las que se llevaría a cabo una solvencia por daños, sólo se hizo en una, donde se encuentran las instalaciones de Grupo México.

Aun así, cuando la empresa responsable del derrame declaró clausurado hace más de un año el fideicomiso, ellos aseguraron que con el 62% del gasto realizado fue suficiente.

Previamente, el relator especial para desechos tóxicos de la Organización de la Naciones Unidas, Baskut Tuncak, constató la presencia de metales pesados en la sangre de los pobladores durante su visita en mayo pasado, argumento que puede ser usado a favor de los habitantes.

El relator tiene la tarea de monitorear los efectos nocivos que pueden tener la producción, gestión, manipulación, distribución y eliminación definitiva de sustancias y desechos peligrosos para el pleno goce de los derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación, la vivienda adecuada, la salud y el agua.

Tuncak señaló que los estados tienen una obligación con sus ciudadanos que fueron expuestos a sustancias peligrosas, lo cual está garantizado en una variedad de diferentes tratados y el gobierno de México no es una excepción.

Cabe destacar que dos mil millones de pesos que fueron destinados al fideicomiso, sin embargo 184 millones de pesos, lo cual es equivalente al 90.2% de todo el gasto de este presupuesto, fueron ejercidos en tinacos.

Asimismo, más de cinco veces el presupuesto para salud fue gastado en relaciones públicas y marketing del propio fideicomiso de Grupo México, mientras que 90% de lo destinado a salud fue dedicado a la creación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Ures, la cual sigue sin terminarse.

Según el representante de Poder, otra obra que hizo Grupo México con el fideicomiso fue un muro de contención kilómetros abajo al lado del ejido de Bacanuchi, argumentando que si hubiera un derrame a futuro, éste iba a contener cualquier residuo tóxico que pudiera llegar al cauce.

No obstante, este sólo fue un pretexto para expandir el alcance de la mina Buenavista de Cobre muchos kilómetros al Sur, a escasos dos kilómetros del poblado.

"Esta obra ya está, en años próximos se va a llenar de agua y una solución de ácido de ocho kilómetros de longitud y 200 metros de altura, cuando terminen esta obra será dos veces más grande que la Presa de Jales en Cananea", man


Sonora.- Debido a las irregularidades en la distribución del fideicomiso del río Sonora por parte de la empresa Grupo México, un nuevo amparo podría garantizar a los damnificados por el derrame tóxico la redistribución total de este recurso desde cero.

Benjamin Cokelet, director ejecutivo de la asociación civil Poder, indicó que el 22 de agosto la Suprema Corte va a tener la sesión final sobre la distribución de dos mil millones de pesos en remuneración por el vertimiento de 40 millones de litros de sulfato de cobre en el río Sonora, el que tuvo lugar el 6 de agosto de 2014.

De acuerdo con el titular de la organización, aunque esta iniciativa fue de corte privada porque el dinero depositado ahí salía de la empresa, al momento de conformar su administración pusieron al subsecretario de Semarnat, Rodolfo Lacy Tamayo, como presidente del equipo técnico.

Tres organizaciones se encargaron de la repartición del dinero del fideicomiso, una de ellas el Colegio de Ingenieros Ambientales de México AC, la cual fue fundada por el funcionario en cuestión.

Con la participación del funcionario, el fideicomiso se volvió público y por ello Grupo México podría ser sujeto a este recurso legal por los comités de cuenca, debido a las violaciones hechas en materia de amparo a lo largo de los últimos cuatro años.

"Si es que los comités de cuenca ganan el segundo amparo, el 100% de los elefantes blancos, de los pagos que se han hecho mal, de las obras que no han concluido, todo esto va a tener que reempezar de cero", explicó Cokelet.

Asimismo, Grupo México tendría que replantear una consulta a las personas a lo largo del río Sonora, además serían sujetos a diferentes tipos de diligencia jurídica por parte de las autoridades respectivas.

Cokelet expresó que había dos o tres plazos prometidos en los que Grupo México debía depositar los dos mil millones ofrecidos, sin embargo sólo se dio una parte y el resto no fue cubierto, aunado a esto, de las cinco zonas del río en las que se llevaría a cabo una solvencia por daños, sólo se hizo en una, donde se encuentran las instalaciones de Grupo México.

Aun así, cuando la empresa responsable del derrame declaró clausurado hace más de un año el fideicomiso, ellos aseguraron que con el 62% del gasto realizado fue suficiente.

Previamente, el relator especial para desechos tóxicos de la Organización de la Naciones Unidas, Baskut Tuncak, constató la presencia de metales pesados en la sangre de los pobladores durante su visita en mayo pasado, argumento que puede ser usado a favor de los habitantes.

El relator tiene la tarea de monitorear los efectos nocivos que pueden tener la producción, gestión, manipulación, distribución y eliminación definitiva de sustancias y desechos peligrosos para el pleno goce de los derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación, la vivienda adecuada, la salud y el agua.

Tuncak señaló que los estados tienen una obligación con sus ciudadanos que fueron expuestos a sustancias peligrosas, lo cual está garantizado en una variedad de diferentes tratados y el gobierno de México no es una excepción.

Cabe destacar que dos mil millones de pesos que fueron destinados al fideicomiso, sin embargo 184 millones de pesos, lo cual es equivalente al 90.2% de todo el gasto de este presupuesto, fueron ejercidos en tinacos.

Asimismo, más de cinco veces el presupuesto para salud fue gastado en relaciones públicas y marketing del propio fideicomiso de Grupo México, mientras que 90% de lo destinado a salud fue dedicado a la creación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Ures, la cual sigue sin terminarse.

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