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No hay marcha atrás, Congreso veracruzano vota en contra del aborto

Xalapa, Ver.- El Congreso del Estado votó en contra de la interrupción del embarazo y en ese sentido hizo su trabajo y sobre todo no votó algo que estuviera en contra de lo establecido en la Constitución de Veracruz; por ello lo que se votó en septiembre pasado no puede tener marcha atrás, afirmó María Elisa Manterola Sáinz, presidenta de la mesa directiva del Congreso local.

La legisladora manifestó que la Alerta de Género por agravio comparado emitida para Veracruz el miércoles contiene 13 recomendaciones y cada una de las dependencias de los gobiernos municipal, estatal y federal deben cumplir su responsabilidad porque se trata de acciones transversales.

Reiteró que son muchas las acciones que se necesitan realizar. “Los diputados en el Congreso del Estado analizamos y se votó a favor contra la interrupción del embarazo y en ese sentido cada grupo legislativo tiene su postura, pero no se pudo debatir con los diputados priistas y de Morena, quienes no estuvieron presentes y no defendieron su postura”, aseveró.

Indicó que a ella en lo personal no la presionó ningún otro poder ni iglesias para emitir su voto. “No veo a algún cura como diputado y en lo que respecta a mí nadie me dice cómo votar; yo tomo mis decisiones y soy responsable de ellas”, afirmó.

INICIATIVA A FAVOR DEBE VOLVERSE A VOTAR

La postura del Partido Nueva Alianza siempre ha sido en favor de los derechos de las mujeres; por ello, cuando se presentó una iniciativa para respaldar la interrupción del embarazo, que no fue aprobada por la mayoría de los legisladores, el diputado por ese partido fue el único que votó a favor de ella, afirmó Vicente Benítez González, diputado local por el Distrito XXV.

Refirió que la segunda alerta de género para Veracruz por agravio comparado es un llamado al Congreso del Estado, a los 50 legisladores, para que se insista en el tema para que la mujer veracruzana decida sobre su cuerpo y su salud.

“Fui el único que votó a favor de las modificaciones al Código Penal del Estado para ampliar a 12 semanas de gestación la interrupción legal del embarazo, por ello considero que la iniciativa debería de volver a ponerse a consideración y así respetar los derechos humanos de las mujeres” resaltó.

El congresista destacó que Veracruz es el primer lugar nacional en interrupciones de embarazo ilegales, lo que pone en riesgo la salud de las mujeres, por lo que considera que se debe volver a plantear el tema, ya que el actual marco normativo contraviene sus derechos humanos.

IGLESIA CATÓLICA DIFUNDE MALA INFORMACIÓN

Martha Mendoza Parissi, directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado, lamentó que la Iglesia Católica difunda información falsa acerca de la iniciativa presentada por Morena para ampliar las causales penales para quien decida interrumpir un embarazo.

“La Iglesia Católica afirma que en la iniciativa el aborto es considerado como un método de planificación familiar y eso es totalmente falso. La propuesta de la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro busca que las niñas, adolescentes y mujeres tengan el derecho a decidir la interrupción de su embarazo luego de ser víctimas de violación, pederastia, abuso sexual, por ello es muy criticable que el sector eclesiástico difunda mala información entre la ciudadanía”, dijo.

Expresó que el Comité de la Tortura considera que obligar a una mujer o niña a continuar con un embarazo después de haber sufrido abuso sexual es una tortura y degradación del ser humano, en este caso de la víctima, por ello las autoridades deben trabajar para asegurarles ese derecho a decidir.

“Me parece que hay una intromisión de la institución religiosa católica en asuntos en los que no debería intervenir, el Estado debe ser laico. Todas las autoridades de los tres poderes juraron hacer respetar la Constitución y por ello es necesario ser congruente”, dijo.

Indicó que la segunda Alerta de Género representa un reto para los tres niveles de gobierno, sobre todo para los poderes Legislativo y Judicial, representa el reto de revisar y atender las recomendaciones que no sólo desde gobernación se han venido realizando a partir de las solicitudes de las organizaciones civiles, sino a partir de los tratados internacionales que en nuestro país se ha suscrito.

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