La empresa Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) es una paraestatal que preside el Ejecutivo federal, de la cual el gobierno de la República es dueño del 99.8% y el 0.2% restante pertenece a Banobras, también organismo del gobierno federal. Apiver pertenece al gobierno de México.
La figura de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) se creó con la Ley de Puertos publicada en 1993 y se trata de una sociedad anónima bajo el control y administración del estado, con presupuesto público y facultades para otorgar cesiones parciales de derecho a empresas dedicadas al comercio exterior, como sucede en el resto del país.
Actualmente hay 16 API en el país, de las cuales 14 están bajo la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y dos más dependen de la Secretaría de Hacienda. Sus recursos son vigilados a través de un Órgano Interno de Control (OIC) dependiente de la Secretaría de la Función Pública. De haber actos de corrupción atribuibles a la empresa, habría que proceder contra sus funcionarios públicos dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que los cometan.
El caso de Apiver no se trata de una concesión disfrazada, es una concesión simple y llana, contemplada en la Ley de Puertos que la regula. Desde su creación, la dirección de la paraestatal la ocupan civiles designados por el propio presidente de la República y avalados por el Consejo de Administración, el cual es presidido por el Ejecutivo federal e integrado mayoritariamente por servidores públicos federales y en el que tienen un asiento el gobernador de Veracruz, el alcalde del puerto y un representante de la iniciativa privada.
De hecho, el próximo director será un mando naval en retiro —el almirante Romel Ledezma Obaroa—, como sucede en otras 11 administraciones portuarias, donde han sido designados nueve mandos en retiro de la Secretaría de Marina y dos marinos mercantes. Vale decir que sólo en tres países en el mundo, los mandos militares administran los puertos marítimos: Venezuela, Chile —así quedó establecido desde la dictadura de Pinochet— y ahora México.
Desde la creación de Apiver en 1994, el puerto de Veracruz ha crecido un 400% —solo en los últimos 11 años creció en un 160%—. Actualmente da trabajo a 12 mil personas y con la ampliación del puerto, se dará empleo a un total 20 mil trabajadores permanentes. Una mala decisión dejaría a miles de personas sin empleo, se tendrían que pagar indemnizaciones millonarias a las empresas que ya invirtieron y se alejaría el comercio internacional de este puerto.
En efecto, Veracruz dejó de ser el puerto marítimo más importante del país desde 2005 —actualmente ocupa el tercer lugar—; esta fue la razón por la que se decidió la ampliación del puerto de Veracruz, la obra de infraestructura más importante de los últimos cien años en el Sistema Portuario Nacional.
Con la ampliación y construcción del nuevo puerto se aumentará la capacidad de movimiento de productos desde los actuales 28 millones de toneladas por año a 95 millones. Es decir, Veracruz tendrá el doble de capacidad de Manzanillo y el triple que Lázaro Cárdenas, actualmente los dos más importantes de México.
La concesión no tiene otro propósito que garantizar, para el Estado y las empresas, la recuperación de la inversión hecha en la ampliación y el nuevo puerto, que aún no concluye. La mayoría de las empresas que operan en el puerto financiaron la construcción de la nueva terminal marítima, como fue el caso de Ienova, que aportó más de mil millones de pesos, en modelos de inversión similares a los que opera Pemex.
El proyecto seguirá creciendo por diez años más, hasta convertirse en el puerto marítimo más grande de América Latina y el cuarto más importante del mundo, por encima de la mayoría de Europa, Asia y los Estados Unidos.
Esa es la importancia que representa el nuevo puerto de Veracruz y la empresa Apiver.
Diputado federal del PRI
Facebook.com/HectorYunes
Instagram: hectoryuneslanda
Twt: @HectorYunes
