Durante el fin de semana se hizo público que la candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y su pareja sentimental, José Luis Fausto Gutiérrez Neri, recibieron apoyos por más de 1.5 millones de pesos del gobierno de Felipe Calderón.
A detalle, a través de la organización Unión de Colonos de San Miguel Teotongo A.C., los arriba mencionados obtuvieron recursos que fueron etiquetados como “Complemento financiero para construcción de la casa de cultura La Carpa Dos”; esto, sin que la asociación civil lo declarara.
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El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, estuvo muy movido el fin de semana, pues los enterados aseguran que le tocó hacer llamadas para tratar de ayudar a Oscar Manuel Herrejón Caballero, uno de sus mejores amigos, detenido por el presunto delito de violación.
En redes sociales, el mencionado personaje presume de su cercanía con el priista campechano que, cuentan, se está movilizando para intentar su liberación por el mencionado delito que amerita Prisión Preventiva Oficiosa conforme al artículo 19 de la Constitución.
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El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, andaba inspirado y mandó una carta a las sombras, pues desea aclarar su posición en relación con las acusaciones de parcialidad política. En resumen, dice que se le critica por su decisión de votar en contra de la revocación del registro de Francisco Javier García Cabeza De Vaca como candidato a diputado federal, señalando su supuesta inclinación partidista. Y tiene razón.
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Esta decisión, asegura Reyes, se basó en el respeto al principio de presunción de inocencia, un derecho fundamental en nuestra Constitución. Además, el involucrado no se considera prófugo de la justicia, ya que actualmente cuenta con suspensiones judiciales que protegen su libertad, lo que impide declarar su sustracción de la justicia y la suspensión de sus derechos políticos y electorales.
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Desde Palacio dirán seguramente que los del norte exageran, pero la Embajada de Estados Unidos en México emitió una nueva alerta de viaje para Chiapas debido a un incremento en la violencia y preocupaciones de seguridad. Esta es la segunda alerta en abril y prohíbe la visita de sus trabajadores a varias zonas del estado.
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Llama la atención pues, durante una reciente visita, el embajador Ken Salazar se reunió con el gobernador Rutilio Escandón para discutir la seguridad y la prosperidad en la región. Según datos del SESNSP, de enero a marzo de 2024, se registraron 163 homicidios dolosos en Chiapas, junto con enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos criminales. Lo cierto es que los que allá viven denuncian falta de seguridad y violencia en todas partes, ante los oídos sordos del Presidente saliente.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación debatirá el lunes sobre el amparo presentado por cuatro empresas de la industria alimentaria contra las normas de etiquetado de advertencia en productos alimenticios, conforme a la NOM-051. Las empresas Herdez, Alimentos Del Fuerte, McCormick de México y Nutrisa, argumentan contra estas disposiciones, que son obligatorias desde marzo de 2020.
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El análisis de la ministra Yasmín Esquivel Mossa se espera que concluya con un fallo a favor de mantener las etiquetas de advertencia, desestimando los argumentos de las empresas como ineficaces y sin fundamento. El Pleno considerará este proyecto y decidirá si confirma la sentencia anterior, sobresee el caso y niega el amparo solicitado por las compañías.
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La Secretaría de la Función Pública de México emitió una circular informando a las dependencias de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México sobre la inhabilitación de BMC Medical Manufacturing por un período de 45 meses.
Durante este tiempo, la empresa no podrá presentar propuestas ni celebrar contratos con entidades públicas que utilicen recursos federales. Esta sanción, que entra en vigor inmediatamente después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, no afectará a los contratos previamente adjudicados o ya formalizados.
