A veces con interés, pero también con molestia, la población observa los mecanismos fachada que en estos tiempos sirven a integrantes de partidos políticos para iniciar precampañas y campañas de manera adelantada de cara a los comicios de 2024. Sin violentar la ley electoral, pero en pleno abuso de las limitaciones de ésta, se hace lo de siempre con estrategias que pretenden innovar pero sobre todo disimular la ambición desmedida de una clase política que se adapta y reagrupa de acuerdo con los nuevos tiempos que corren para ocupar, aunque sea, una curul o algún puesto gubernamental con cargo al erario.
Lo novedoso, si así se le quiere llamar, es la búsqueda por la paridad en la nominaciones para “coordinar” partidos, proyectos de nación o bloques opositores, es decir: para asegurar una candidatura que permita aparecer en la papeleta que estará en las casillas en junio próximo. También llama la atención que para ocupar la presidencia de la República, las gubernaturas de algunos estados, entre otros cargos de elección popular, principalmente se barajen nombres de mujeres con diferente formación y trayectoria ideológica o que incluso carecen de ello. Con los candidatos hombres pasa exactamente lo mismo. Hay de todo en la viña de la política nacional.
Sin embargo, hay mujeres que no aparecen en estas campañas adelantadas: las víctimas de feminicidio y de desaparición. ¿Se han percatado que nadie las nombra? Ni desde la oposición (cualquier cosa que eso signifique) o desde el oficialismo. Nadie se ha acordado de las mujeres, ni de sus problemas, mucho menos se ha aventurado un comentario de apoyo (por aquello de que aún no están en campaña y no pueden adelantar cuáles serán sus grandes propuestas que someterán a votación).
Los temas que ha prevalecido son la denostación en medio un “pacto entre caballeros” que también reproducen las damas nominadas, y el súper yo político que todo lo puede. Esto en un país que presenta 572 feminicidios y siete mil 504 mujeres desaparecidas hasta el mes de agosto, de acuerdo con datos oficiales.
Lo que sí observamos es el acarreo del personal de instancias gubernamentales que deberían estar trabajando para coadyuvar en la resolución de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres o atendiendo a las usuarias que necesitan un albergue o un Centro de Justicia que las apoye en el periplo de sobrevivir a la violencia feminicida. Por ejemplo, en Veracruz. Los datos oficiales son implacables: 38 feminicidios y 380 desaparecidas, de enero a agosto de 2023. No han merecido siquiera una mención por parte de quienes respiran, suspiran y aspiran. La atención está centrada en otro lado, en otros intereses. Mala señal.
Históricamente, los temas a favor de los Derechos Humanos de las Mujeres han sido desdeñados durante y después de las campañas. Más allá de las fotos que se suben a redes sociales los Días Naranja o el 8 de marzo, del hacer burocrático acéfalo que atiende violencias a través de requisitos, formatos y decisiones misóginas, no hay nada.
Esperemos que este desinterés histórico sufra una verdadera transformación y se torne en un hacer gubernamental que brinde condiciones sólidas para garantizar una vida libre de violencia. Esperemos que sí.
*Estela Casados González
Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana
