Xalapa, Ver.-La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal de 1 mil 963 millones 566 mil 675.69 pesos por parte del Gobierno estatal a través de la Secretaría de Salud por los recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular) puesto que hubo diversas irregularidades en su ejecución.
En éstas destacan anomalías por el registro de 1 mil 040 presuntos “aviadores”, así como en la compra y entrega de medicamentos; en la transferencia de recursos; registro e información financiera de las operaciones; destino de los recursos; servicios personales; adquisiciones, control y entrega de bienes, servicios y entrega de medicamentos; pagos a terceros por servicios de salud; y transparencia.
Así, se detectaron también incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Veracruz ya que la entidad no puso a disposición del público en general la información referente al universo, coberturas, servicios ofrecidos; y la evaluación de la satisfacción de los usuarios del Seguro Popular.
Seguro Popular
En el punto 24 explica que, la entidad fiscalizada no proporcionó la evidencia documental y justificativa, ni la validación de 1 mil 040 servidores públicos, que acredite que se encontraron en sus lugares de adscripción y realizaron actividades relacionadas con las prestaciones de servicios de atención a beneficiarios del Seguro Popular durante el ejercicio fiscal 2019, por un monto 295 millones 782 mil 600 pesos en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Aunque el Gobierno del Estado en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación justificativa y la validación por los responsables de los centros de trabajo que acredita el ejercicio de 295 millones 402 mil 831.82 pesos, persiste un importe por 379 mil 754.13 pesos.
En el Pliego de Observaciones, se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 379 mil 754.13 pesos más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud de que la entidad fiscalizada no validó que siete servidores públicos, prestaron sus servicios de atención a beneficiarios del Seguro Popular durante el ejercicio fiscal 2019, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
La Auditoría Superior de la Federación emitió además la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 15 correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, omitieron presentar la documentación e información solicitada, lo que limitó verificar si la entidad fiscalizada no destinó más del 30% de los recursos transferidos por concepto de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019 para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, y que corresponden al Catálogo Universal de Servicios de Salud; asimismo, si no destinó más del 5.0% para la subrogación de medicamentos, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Omisiones
También se pidió investigar a quienes omitieron proporcionar la documentación e información solicitada, lo que limitó verificar si en la adquisición de medicamentos bajo un esquema de tercerización, el proveedor cumplió con las condiciones establecidas en el contrato correspondiente, y con la metodología para el pago de los medicamentos; así como comprobar si se realizó la supervisión por parte del organismo de salud para la entrega y pago de los medicamentos a los pacientes, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el punto 31 mediante los oficios números CL-EXTREVEPSS-0059-05-2020, CGE-DGFFF-1539-05-2020, SESVER/DA/DAGA/0712/2020 y CGE/DGFFF/2278/06/2020 de fecha 06 de mayo, 20 de mayo, 10 de junio y 15 de junio de 2020, respectivamente, se remitió diversa información, a fin de atender el requerimiento; consistente en: evidencia de la acreditación de las Unidades Médicas.
No obstante, del análisis a las documentales señaladas, se identificó que no se presentaron: expedientes de las adquisiciones realizadas con estos recursos desde el proceso de adjudicación, contratación, ejecución y pago por lo que la autoridad fiscalizadora se encuentra limitada a verificar, si caso de que la entidad fiscalizada, adquirió medicamentos, medicamentos controlados o de alto costo con recursos del programa, si se contó con los mecanismos de control, guarda, custodia y entrega de los mismos al beneficiario final; por tanto, y al no remitir la documentación solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Auditoría Superior de la Federación emitió asimismo la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, omitieron proporcionar la documentación e información, lo que limitó verificar, en caso de que la entidad fiscalizada, hubiera adquirido medicamentos, medicamentos controlados o de alto costo con recursos del programa, si se contó con los mecanismos de control, guarda, custodia y entrega de los mismos al beneficiario final.
También pidió investigar a quienes omitieron proporcionar documentación e información, lo que limitó verificar, si en la adquisición de medicamentos, bajo un esquema de tercerización, el proveedor cumplió con las condiciones establecidas en el contrato correspondiente, y con la metodología para el pago de los medicamentos; asimismo, si se realizó la supervisión por parte del organismo de salud para la entrega y pago de los medicamentos a los pacientes.
Por ello, se concluyó que el Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos transferidos apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
Faltan documentos
La ASP pide que investiguen a personal que omitió justificar la compra de medicamentos bajo un esquema de “tercerización”.
