/ miércoles 13 de octubre de 2021

Una mala propuesta

El tema que ha acaparado la atención en la agenda pública durante estos días ha sido la iniciativa que, en materia eléctrica, envió el Ejecutivo Federal a la Cámara de diputados. Este asunto será discutido durante el periodo ordinario que concluye el 15 de diciembre y, de hecho, es una contrarreforma a las modificaciones constitucionales del año 2013.

El gobierno federal, a través de su iniciativa, plantea regresar la operación del sistema eléctrico nacional a escenarios previos a las reformas del sector que iniciaron a principios de los años noventas del siglo pasado. Fueron las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (derogada en 2014), realizadas en 1992, las que abrieron la posibilidad para que la iniciativa privada pudiera participar con la cogeneración y el autoabastecimiento de energía y las que crearon la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El mundo en su conjunto, durante el siglo pasado, transitó de sistemas eléctricos controlados, en todas sus fases, por organismos públicos rectores, a un sistema donde la competencia en la generación y en la comercialización de la energía eléctrica son actividades del sector realizados de forma mixta entre privados y gobierno. En el siglo XX, en prácticamente todos los países del orbe, el sistema eléctrico era una actividad reservada exclusivamente para el Estado. En el siglo XXI, la inmensa mayoría de los países han optado por incorporar la inversión pública y privada al sistema eléctrico y así propiciar su modernización y su compatibilidad con las mejores normas ambientales.

En este contexto se inscriben las reformas constitucionales del 2013 que ahora se pretenden enterrar. Con ella, se logró crear un mercado en la generación y en el abastecimiento de la energía eléctrica, con órganos reguladores autónomos, donde las funciones estratégicas de transmisión y distribución siguen exclusivamente reservadas al Estado mexicano y donde también se priorizó el uso de energías alternativas, de bajo costo y amigables con el equilibrio ecológico que es el camino hacia el futuro.

Con respecto al suministro eléctrico, a los usuarios, ya sea en nuestra casa al “prender la luz” o al encender nuestra computadora o al poner en marcha nuestra empresa o negocio, lo que nos interesa es que haya energía y que el cobro por esa energía sea barata. Las modificaciones del 2013 apuntan hacia esa dirección, mientras que la contrapuesta presentada por la administración actual corre en sentido contrario.

Impactar a la baja el precio de la luz se logrará a través de la competencia en la generación de la energía que se despachará a la red y, en gran medida, dependerá del combustible que se utilizará, cuando el proceso en la generación sea la combustión. Entre más fuentes renovables se utilicen, más limpia y barata será la energía que llegaremos a consumir. Esta es la lógica de la reforma constitucional aprobada y que, en los hechos, ha sido detenida y obstaculizada, desde el inicio del actual gobierno federal y cuyos efectos se notan en el aumento progresivo en las tarifas eléctricas desde hace tres años y en los apagones en varias regiones del país.

La iniciativa propuesta por el gobierno de la República revive un escenario de monopolio público autoregulado que cancela el mercado eléctrico mayorista en perjuicio de los usuarios, genera incertidumbre a la inversión al cancelar contratos vigentes y sectorizar a los órganos reguladores, lastima las finanzas públicas con subsidios, limita los recursos para la modernización tecnológica del sector al suprimir la inversión privada y atenta contra la preservación del medio ambiente al inhibir el uso de fuentes renovables en la generación de energías limpias. Simplemente, es una mala propuesta de futuro para México.

(*) Diputado federal. PRI

El tema que ha acaparado la atención en la agenda pública durante estos días ha sido la iniciativa que, en materia eléctrica, envió el Ejecutivo Federal a la Cámara de diputados. Este asunto será discutido durante el periodo ordinario que concluye el 15 de diciembre y, de hecho, es una contrarreforma a las modificaciones constitucionales del año 2013.

El gobierno federal, a través de su iniciativa, plantea regresar la operación del sistema eléctrico nacional a escenarios previos a las reformas del sector que iniciaron a principios de los años noventas del siglo pasado. Fueron las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (derogada en 2014), realizadas en 1992, las que abrieron la posibilidad para que la iniciativa privada pudiera participar con la cogeneración y el autoabastecimiento de energía y las que crearon la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El mundo en su conjunto, durante el siglo pasado, transitó de sistemas eléctricos controlados, en todas sus fases, por organismos públicos rectores, a un sistema donde la competencia en la generación y en la comercialización de la energía eléctrica son actividades del sector realizados de forma mixta entre privados y gobierno. En el siglo XX, en prácticamente todos los países del orbe, el sistema eléctrico era una actividad reservada exclusivamente para el Estado. En el siglo XXI, la inmensa mayoría de los países han optado por incorporar la inversión pública y privada al sistema eléctrico y así propiciar su modernización y su compatibilidad con las mejores normas ambientales.

En este contexto se inscriben las reformas constitucionales del 2013 que ahora se pretenden enterrar. Con ella, se logró crear un mercado en la generación y en el abastecimiento de la energía eléctrica, con órganos reguladores autónomos, donde las funciones estratégicas de transmisión y distribución siguen exclusivamente reservadas al Estado mexicano y donde también se priorizó el uso de energías alternativas, de bajo costo y amigables con el equilibrio ecológico que es el camino hacia el futuro.

Con respecto al suministro eléctrico, a los usuarios, ya sea en nuestra casa al “prender la luz” o al encender nuestra computadora o al poner en marcha nuestra empresa o negocio, lo que nos interesa es que haya energía y que el cobro por esa energía sea barata. Las modificaciones del 2013 apuntan hacia esa dirección, mientras que la contrapuesta presentada por la administración actual corre en sentido contrario.

Impactar a la baja el precio de la luz se logrará a través de la competencia en la generación de la energía que se despachará a la red y, en gran medida, dependerá del combustible que se utilizará, cuando el proceso en la generación sea la combustión. Entre más fuentes renovables se utilicen, más limpia y barata será la energía que llegaremos a consumir. Esta es la lógica de la reforma constitucional aprobada y que, en los hechos, ha sido detenida y obstaculizada, desde el inicio del actual gobierno federal y cuyos efectos se notan en el aumento progresivo en las tarifas eléctricas desde hace tres años y en los apagones en varias regiones del país.

La iniciativa propuesta por el gobierno de la República revive un escenario de monopolio público autoregulado que cancela el mercado eléctrico mayorista en perjuicio de los usuarios, genera incertidumbre a la inversión al cancelar contratos vigentes y sectorizar a los órganos reguladores, lastima las finanzas públicas con subsidios, limita los recursos para la modernización tecnológica del sector al suprimir la inversión privada y atenta contra la preservación del medio ambiente al inhibir el uso de fuentes renovables en la generación de energías limpias. Simplemente, es una mala propuesta de futuro para México.

(*) Diputado federal. PRI

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