Córdoba, Ver.- Respalda el sector evangélico la liberación de personas privadas de su libertad que cumplan con los puntos dados en el decreto presentado por el presidente de la República, sería una reintegración a la sociedad que debe de ser orientada, dijo Alfredo Luna Murillo, presidente del Consejo Representativo de Iglesias Evangélicas del Estado de Veracruz.
Ante la propuesta dada por Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, sobre la liberación de personas privadas de su libertad que tengan más de 75 años de edad, a los que lleven más de 10 años sin sentencia y los que hayan sido torturados podrían quedar en libertad, es una acción que también beneficiaría a las familias, recalcó el entrevistado.
En el tema la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) Olga Sánchez Cordero anunció que este decreto quedará conformado por 4 puntos, es decir los antes mencionados pero también a aquellas personas privadas de su libertad que sean mayores de 65 años que tengan alguna enfermedad crónico degenerativa. El plazo de liberación no será mayor al 15 de septiembre
Dijo que esto es el “jubileo de la 4T” y que de cierta forma es una buena acción pero debe de darse de una forma aceptable ya que debería de ir acompañado de programas de reinserción social pues a alguien que sale de prisión le complica encontrar un empleo así como generar problemas emocionales pues puede existir abandono familiar no necesariamente obligado sino por falta de recursos al no poder asistir a visitas.
“Es conveniente que vaya acompañado de un apoyo de trabajo, la reinserción a la sociedad de estas personas será otro desafío grande para este gobierno y en ese tema el recurso que se deja de otorgar a estas personas, sea dado a una secretaría para poder volver a poner a las mismas en la sociedad”.
Pidió no solo a la sociedad sino a quienes son generadores de empresas a dar la oportunidad a quienes de aprobarse este decreto de libertad puedan salir de prisión.
Cabe hacer mención que de acuerdo a la Segob en total hay 220 mil 114 personas en cárceles federales, de ellas el 43 por ciento no está sentenciada y el restante sí lo está.
