En los últimos cinco años, la Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto 5 mil 564 expedientes por delitos de tortura y tratos crueles, de los cuales la entidad veracruzana concentra el mayor número de investigaciones, al registrar el 10.5 por ciento (582) de los casos documentados a nivel federal.
De acuerdo con los datos del fuero federal –que provienen de la FGR– integrados en el Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet), durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2018 al 30 de noviembre de 2022, en el país se registraron 5 mil 564 expedientes (3 mil 068 expedientes por tortura y 2 mil 496 por tratos crueles).
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Los delitos por los que se abrieron estos expedientes ocurrieron principalmente en Veracruz con el 10.5 por ciento (582 casos); Oaxaca, con 10.1 por ciento (563); Jalisco, con 9.3 por ciento (520); el Estado de México, con 8.5 por ciento (472) y Nayarit, con 8.2 por ciento (456).
Los delitos de tortura ocurrieron principalmente en Jalisco, que concentra el 14.3 por ciento (439); Oaxaca, 13.3 por ciento (408); y el Estado de México, 10.6 por ciento (325).
¿Cuántos tratos crueles ocurrieron en Veracruz?
Mientras que los casos por tratos crueles se concentraron en Veracruz, con el 17.9 por ciento (448 expedientes); Nayarit, 17.1 por ciento (426); y Morelos, 11.4 por ciento (285).
En información nacional – integrado por datos del fuero federal y del fuero común– correspondiente a 26 de las 32 entidades federativas, el Renadet tiene un registro de 14 mil 692 expedientes correspondientes al periodo enero de 2018 a noviembre de 2022.
Los datos estadísticos del Renadet indican que en promedio, al año, se cometieron 2 mil 989 casos de tortura y tratos crueles en el territorio nacional.
¿Qué hace la FGE para investigar los casos de tortura?
A pesar de que la entidad veracruzana cuenta con una Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura, la Fiscalía General del Estado (FGE) aún no integra información al Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet), con lo cual estaría incumpliendo con los lineamientos establecidos por la Federación.
El 26 de junio de 2017, la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la cual se estableció el Renadet.
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La conformación del Renadet, como herramienta de investigación y de información estadística, implica la recepción y recolección de datos tanto de las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas y de la Federación.
Este proceso está definido por los Lineamientos de Operación del Registro Nacional del Delito de Tortura, publicados en el DOF, el 15 de diciembre de 2021, el cual señala que la información que se ingrese al Renadet deberá considerar los datos de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes cometidos a partir del 1 de enero de 2018.
Cabe mencionar que, desde mayo de 2019, ya se cuenta con la infraestructura tecnológica mediante la cual se lleva a cabo el proceso de intercambio de información e interconexión, entre las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas, cuya información fue integrada al Renadet.
No obstante, según datos actualizados en el Renadet, la entidad veracruzana, a través de la FGE, no ha proporcionado información del fuero común para documentar los casos de tortura y tratos crueles registrados en el nivel estatal.
Con la información del Renadet, el Cenapi (Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia) y las Fiscalías podrán realizar estudios especializados o de inteligencia, incluyendo el análisis de contexto y patrones sobre la comisión del delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
El documento de carácter oficial indica que el incumplimiento de los lineamientos tendrá las responsabilidades penales, administrativas y de cualquier otra índole a que haya lugar, de acuerdo con las facultades y obligaciones de las personas servidoras públicas.
¿Qué observan los organismos defensores de derechos humanos?
De acuerdo con los casos documentados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y por organismos internacionales, la tortura es una práctica sistemática y generalizada perpetrada por todas las instituciones de seguridad y justicia del Estado mexicano, “la cual es usada como castigo o muy comúnmente para obtener beneficios, confesiones o como un método de investigación que suple la falta de investigaciones profesionales.”
Según el informe “La Guerra Interiorizada: De los crímenes internacionales a la vida pública de México (2006-2021)”, publicado por la CMDPDH, las fiscalías o procuradurías del país registran en sus bases de datos un total de 49 mil 051 denuncias por tortura, entre enero de 2006 y noviembre de 2021.
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Los informes de transparencia documentan que, hasta enero de 2022, la Fiscalía General del Estado de Veracruz cuenta con denuncias por los delitos de tortura y tratos crueles, aunque decidió no hacerlos públicos bajo el argumento del “desahogo de diversos actos de investigación”, pues con la divulgación “se pone en riesgo dicha etapa de integración de las indagatorias”.
Al respecto, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos observa como “alarmante” que la mayoría de las instituciones no recojan y sistematicen suficiente información relativa a las denuncias por tortura y tratos crueles.
“No es posible entender los problemas y diseñar estrategias de prevención, atención, reparación y no repetición si no se cuenta con el desagregado de a quiénes está afectando y la manera en que se cruzan diversas vulnerabilidades de la población en este contexto”, destaca en su informe nacional.
Aunado a lo anterior, agrega, muchas instituciones no tienen información básica de los hechos ocurridos en administraciones anteriores, lo que es especialmente visible en las respuestas a solicitudes de información de las fiscalías, que ofrecen solo un panorama parcial del recuento histórico.
De acuerdo con la documentación de casos realizada por la CMDPDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 227 recomendaciones, entre 2006 y 2021, donde se narran hechos constitutivos de tortura en contra de al menos mil 038 víctimas en el país.
De las 32 entidades federativas –según la información contenida en las recomendaciones de la CNDH– se registraron actos de tortura en 29 estados, de los cuales destaca Veracruz como la entidad que más víctimas reporta, con 189 personas, seguida de Michoacán (101), Chihuahua (99) y Guerrero (98).
Publicado originalmente en Diario de Xalapa
