A pesar de la creciente visibilidad del fenómeno del feminicidio en Veracruz, las autoridades estatales continúan sin brindar protección adecuada a las niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad debido a la muerte de sus madres o a la ruptura de vínculos esenciales ocasionada por el asesinato de sus cuidadoras.
Desde el año 2019 hasta junio de 2023, las autoridades de justicia han reconocido un total de 334 víctimas de violencia feminicida en el estado de Veracruz. Sin embargo, hasta la fecha, se desconoce la cantidad exacta de niñas, niños y adolescentes que han quedado en condición de orfandad a raíz de estos feminicidios.
A pesar de que han transcurrido dos años desde la publicación del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, en Veracruz aún no se ha implementado un mecanismo efectivo para el registro de menores y adolescentes en esta situación.
Los informes de transparencia emitidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE), en seis ocasiones a lo largo de 2022 y hasta febrero de 2023, revelan que el Protocolo Nacional de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades de los tres niveles de gobierno no ha sido aplicado en Veracruz. Esto abarca a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, las Fiscalías estatales y los Sistemas DIF.
Hasta el 17 de febrero de 2023, la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), adscrita al Sistema Estatal DIF, informó que no cuenta con datos sobre casos de menores en condición de orfandad.
El 22 de febrero de este mismo año, en respuesta a una solicitud de información acerca del número de activaciones del Protocolo Nacional, la Fiscalía Coordinadora Especial en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas, perteneciente a la FGE, comunicó que no dispone de registros para el estado.
De manera paralela, los datos recopilados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) indican que durante los años 2019 y 2021, Veracruz reportó un total de 59 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad debido a feminicidios.
De acuerdo con el Informe de Registro de Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio u Homicidio Doloso de sus Madres, basado en datos solicitados a los fiscales generales de las 32 entidades federativas, se identificaron 796 casos en 2019, de los cuales 47 correspondieron a menores y jóvenes en Veracruz.
En 2021, un nuevo sondeo en las instancias de procuración de justicia reveló que de un total de 859 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio en todo el país, en Veracruz se identificaron 12 casos.
Asimismo, en un informe de transparencia con fecha del 5 de julio de 2023, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) señala que la información nacional disponible no es precisa ni estadísticamente representativa, debido a la falta de un mecanismo de registro consistente en todas las fiscalías.
"Por lo tanto, es posible que en algunos casos de feminicidio no se haya identificado a los hijos e hijas de las víctimas", destaca el documento.
¿Por qué es crucial implementar el Protocolo Nacional?
En México, el Inmujeres reconoce la necesidad de contar con políticas públicas e instrumentos que garanticen el acceso a la justicia para las mujeres víctimas del feminicidio, incluyendo la reparación del daño a las víctimas indirectas de este delito.
Dentro del contexto de violencia feminicida, además de la víctima directa, existen otras personas afectadas: familiares y personas encargadas del cuidado de la víctima, quienes mantuvieron una relación inmediata con ella. Estas personas no han sido debidamente visibilizadas ni tomadas en cuenta, lo que ha llevado a que sean ignoradas, desatendidas y revictimizadas.
Específicamente, el Instituto Nacional destaca la situación de las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio (NNAOF), aquellos que han perdido a sus madres o a sus tías, primas, abuelas o cuidadoras debido a un asesinato.
El Inmujeres subraya que, pese a los esfuerzos de visibilización del feminicidio, no se ha prestado la atención suficiente a estas víctimas indirectas, quienes enfrentan la ruptura de sus estructuras familiares y se ven inmersos en un escenario lleno de incertidumbres respecto a su futuro familiar, tutela, lugar de residencia, sustento y continuidad de su proyecto de vida.
La carencia de programas de apoyo para los menores
A partir de julio de 2019, como resultado de las Mesas Técnicas de Acceso a la Justicia en Casos de Muertes Violentas de Mujeres y Niñas, llevadas a cabo en distintas entidades federativas y en la Ciudad de México, el Inmujeres identificó la falta de registros de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio (NNAOF).
En el mismo sentido, solo los estados de Coahuila y Jalisco han establecido programas de apoyo para menores que quedan en esta situación.
El Inmujeres advierte que los datos nacionales sobre los registros de NNAOF carecen de precisión, debido a que no todas las fiscalías proporcionaron información. En varios casos, las fiscalías no entregaron los datos en el formato solicitado y se encontraron discrepancias entre estas cifras y las estadísticas de feminicidio presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Es relevante recordar que el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de agosto de 2021, establece un procedimiento completo que comienza con la notificación del homicidio de una mujer o feminicidio, seguido por la comunicación a la Procuraduría de Protección acerca de la presencia de menores y adolescentes.
El Ministerio Público correspondiente informará a las autoridades competentes para la protección de los menores, permitiendo una coordinación institucional con el fin de establecer medidas de protección especiales o urgentes necesarias para resguardar la integridad de los menores. Esto incluye la restitución de sus derechos, la prestación de servicios legales, médicos y de asistencia social.
Publicado originalmente en Diario de Xalapa
