/ viernes 15 de noviembre de 2019

Órganos autónomos y Poder Judicial rechazan recorte presupuestal

Los proyectos de presupuesto para el 2020 que fueron aprobados en los órganos autónomos y el Poder Judicial ya tienen aplicadas las medidas de austeridad y representan el “mínimo necesario” para operar

Los proyectos de presupuesto para el próximo año que fueron aprobados en los órganos autónomos y el Poder Judicial ya tienen aplicadas las medidas de austeridad y representan el “mínimo necesario” para operar en el 2020 por lo que la reducción de estos acarrearía complicaciones financieras aseguran titulares e integrantes de estas instituciones.

Luego de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) entregara al Congreso del Estado un proyecto de Presupuesto 2020 para el estado que incluía recortes para los órganos autónomos y el Poder Judicial, los entrevistados coinciden en que buscarán a los legisladores locales para darles a conocer los riesgos de limitar la operación de las instituciones encargadas de la justicia, la organización de elecciones y el derecho a la información.

Alberto Delgado | Diario de Xalapa


RECORTE DE 200 MILLONES DE PESOS PONE EN RIESGO PROCESO ELECTORAL

Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) del Estado de Veracruz advirtió que con la reducción del presupuesto solicitado para el próximo año se pone en riesgo el arranque del proceso electoral del 2021 en el que se habrán de elegir a 212 alcaldes y 50 diputados locales.

En entrevista el consejero precisó que, no son 5 sino 194 millones de pesos los “recortados” en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso Local toda vez que el Consejo General del OPLE acordó solicitar para el próximo año un total de 740 millones de los cuales, Sefiplan solo solicitó 546 millones 8 mil 47 pesos. “Casi 200 millones, 194 para ser exactos es lo que está reduciendo la Secretaría de Finanzas al OPLE no solo 5 millones (…) es lamentable que la Sefiplan haga este tipo de acciones porque las facultades para reducir el presupuesto de un órgano autónomo como es el OPLE solo las tiene el Congreso del Estado”, dijo.

El funcionario electoral calificó como “simplista” la medida aplicada por la Secretaría de Finanzas y Planeación de reducir en 5 millones de pesos los presupuestos de varios organismos autónomos teniendo como base el gasto del año actual y sin realizar un análisis técnico de las necesidades. En el caso del OPLE, dijo, existen serias diferencias en cuanto a las necesidades financieras ya que el 2019 no es año electoral.

Bonilla Bonilla destacó que el principal riesgo que se corre con el recorte es que no se pueda arrancar con el proceso 2021- 2021 ya que los tiempos electorales señalan que desde el mes de noviembre se debe iniciar con el monitoreo de medios así como el establecimiento de los consejos distritales y municipales que deberán entrar en funcionamiento el primer día del 2021. “Lo que vamos a hacer es sacar un cálculo bien exacto de cuánto requerimos para iniciar el proceso y pedirle al Congreso del Estado que cuando vayan a aprobar el presupuesto nos incrementen en ese monto. Ya si no va a ser todo lo que requerimos que nos den lo que realmente necesitamos para iniciar el proceso electoral”.

Eduardo Murillo

Sin embargo, el consejero presidente del OPLE advirtió que al tener casi 200 millones de pesos menos para el otro año, se tendrán que disminuir las actividades de promoción del voto y fortalecimiento de la cultura electoral por lo que se pone en riesgo la participación ciudadana en las elecciones del 2021.

IVAI OPERARÍA CON UNA TERCERA PARTE DE LO QUE REQUIERE

Aunque la disminución del presupuesto asignado al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) para el próximo año es de 5 millones de pesos a comparación con lo ejercido en 2019, esta institución requiere de 150 millones de pesos para su optima operación y tendría que ajustarse a una tercera parte aseguró José Rubén Mendoza Hernández, comisionado presidente del IVAI.

En entrevista para Diario de Xalapa precisó que aunque para cubrir las necesidades de aplicación de las Leyes de Transparencia, Ley de protección de datos y la Ley de Archivos se requerirían de 150 millones para sus labores, conscientes de la necesidad de medidas de austeridad solicitaron al Congreso Local solo 101 millones de pesos para el el 2020. Sin embargo, lamentó que la Sefiplan haya decidido considerar solo 45 millones 569 mil 871 pesos para el IVAI lo que representa, 5 millones menos que lo que se ejerció en 2019 manteniéndose así como uno de los órganos veracruzanos “más castigados” en el tema del presupuesto.

Sin importar lo que se nos ha estado aprobando en los últimos años en materia presupuestal hemos estado cumpliendo con nuestras obligaciones, el instituto ha estado cumpliendo con la sociedad veracruzana y no va a ser la excepción

Precisó que desde hace varios años, en el IVAI se han estado aplicando medidas de austeridad tales como la disminución de los salarios de los consejeros, la reducción de partidas de gasolina y otros gastos así como un mayor aprovechamiento de los insumos.

Sin embargo, Mendoza Hernández confirmó que si se buscará que el pleno del IVAI asista a reuniones con diputados locales a fin de que estos puedan reconsiderar el presupuesto y otorgarles un mayor monto para el próximo año para no llegar a medidas extremas como el despido de trabajadores o el incumplimiento de algunas obligaciones. “No va a ser inoperable el instituto pero va a ser más difícil el poder cumplir con nuestras obligaciones pero el compromiso lo tenemos”, reiteró.

Fotos: Miguel Castillo

El comisionado presidente del IVAI dio a conocer que aunque durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez la entrega de las partidas presupuestales al instituto se han dado en tiempo y forma, existe un adeudo de 10 millones de pesos que se viene arrastrando de administraciones pasadas que no ha sido liquidado.

PODER JUDICIAL NECESITA SU PRESUPUESTO COMPLETO PARA OPERAR

Luego de que el presupuesto para el Poder Judicial tendría –de acuerdo al proyecto enviado por la Sefiplan- un recorte mayor a los 35 millones de pesos pasando de mil 930 millones 625 mil 559 pesos a mil 895 millones 400 mil 865 pesos, Raúl Pimentel Murrieta, magistrado adscrito a la sala de responsabilidad juvenil del Tribunal Superior de Justicia del Estado consideró que esto implicaría recortes o reducción a las actividades de esta institución.

En entrevista, recordó que serán los diputados locales quienes determinen en última instancia el monto que se aplicará por lo que hizo un llamado a los legisladores a respetar las necesidades del Poder Judicial y a asignar el presupuesto que se solicitó de manera inicial. Y es que, dijo, durante este año se crearon juzgados y se habilitaron otras regiones en el organigrama por lo que se requiere garantizar que estos tengan el dinero suficiente para operar. “Además para todos es sabido que hay aspectos inflacionarios que no se han detenido aun cuando se habla de una estabilidad los costos son mayores si hablamos de implementos de trabajo como computadoras”, precisó.

Por cuanto hace al llamado de austeridad que el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez ha realizado desde el Poder Ejecutivo, el magistrado precisó que en el caso del Poder Judicial desde el mes de enero se llevaron a cabo reuniones para implementar políticas de austeridad entre ellas la eliminación del pago de celulares, la no aprobación de viajes extraordinario al extranjero y la eliminación de gastos superfluos. “Yo creo que la política de austeridad es fundamental para todas las instituciones pero lo más importante no es aplicar esa política sino que los ahorros y la economía vayan en beneficio de quienes más lo necesiten. No basta con que seas austero sino que se sepa distribuir los recortes correspondientes”, precisó.

Foto: Eduardo Murillo

Aunque se buscó conocer la opinión de integrantes de la Fiscalía General del Estado cuyo presupuesto tendrá un recorte de alrededor de 488 millones de pesos así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y del Tribunal Electoral del Estado cuyos presupuestos para el próximo año tendrían recortes de alrededor de 5 millones de pesos ninguna de las tres dependencias quiso emitir declaraciones al respecto.

Los proyectos de presupuesto para el próximo año que fueron aprobados en los órganos autónomos y el Poder Judicial ya tienen aplicadas las medidas de austeridad y representan el “mínimo necesario” para operar en el 2020 por lo que la reducción de estos acarrearía complicaciones financieras aseguran titulares e integrantes de estas instituciones.

Luego de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) entregara al Congreso del Estado un proyecto de Presupuesto 2020 para el estado que incluía recortes para los órganos autónomos y el Poder Judicial, los entrevistados coinciden en que buscarán a los legisladores locales para darles a conocer los riesgos de limitar la operación de las instituciones encargadas de la justicia, la organización de elecciones y el derecho a la información.

Alberto Delgado | Diario de Xalapa


RECORTE DE 200 MILLONES DE PESOS PONE EN RIESGO PROCESO ELECTORAL

Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) del Estado de Veracruz advirtió que con la reducción del presupuesto solicitado para el próximo año se pone en riesgo el arranque del proceso electoral del 2021 en el que se habrán de elegir a 212 alcaldes y 50 diputados locales.

En entrevista el consejero precisó que, no son 5 sino 194 millones de pesos los “recortados” en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso Local toda vez que el Consejo General del OPLE acordó solicitar para el próximo año un total de 740 millones de los cuales, Sefiplan solo solicitó 546 millones 8 mil 47 pesos. “Casi 200 millones, 194 para ser exactos es lo que está reduciendo la Secretaría de Finanzas al OPLE no solo 5 millones (…) es lamentable que la Sefiplan haga este tipo de acciones porque las facultades para reducir el presupuesto de un órgano autónomo como es el OPLE solo las tiene el Congreso del Estado”, dijo.

El funcionario electoral calificó como “simplista” la medida aplicada por la Secretaría de Finanzas y Planeación de reducir en 5 millones de pesos los presupuestos de varios organismos autónomos teniendo como base el gasto del año actual y sin realizar un análisis técnico de las necesidades. En el caso del OPLE, dijo, existen serias diferencias en cuanto a las necesidades financieras ya que el 2019 no es año electoral.

Bonilla Bonilla destacó que el principal riesgo que se corre con el recorte es que no se pueda arrancar con el proceso 2021- 2021 ya que los tiempos electorales señalan que desde el mes de noviembre se debe iniciar con el monitoreo de medios así como el establecimiento de los consejos distritales y municipales que deberán entrar en funcionamiento el primer día del 2021. “Lo que vamos a hacer es sacar un cálculo bien exacto de cuánto requerimos para iniciar el proceso y pedirle al Congreso del Estado que cuando vayan a aprobar el presupuesto nos incrementen en ese monto. Ya si no va a ser todo lo que requerimos que nos den lo que realmente necesitamos para iniciar el proceso electoral”.

Eduardo Murillo

Sin embargo, el consejero presidente del OPLE advirtió que al tener casi 200 millones de pesos menos para el otro año, se tendrán que disminuir las actividades de promoción del voto y fortalecimiento de la cultura electoral por lo que se pone en riesgo la participación ciudadana en las elecciones del 2021.

IVAI OPERARÍA CON UNA TERCERA PARTE DE LO QUE REQUIERE

Aunque la disminución del presupuesto asignado al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) para el próximo año es de 5 millones de pesos a comparación con lo ejercido en 2019, esta institución requiere de 150 millones de pesos para su optima operación y tendría que ajustarse a una tercera parte aseguró José Rubén Mendoza Hernández, comisionado presidente del IVAI.

En entrevista para Diario de Xalapa precisó que aunque para cubrir las necesidades de aplicación de las Leyes de Transparencia, Ley de protección de datos y la Ley de Archivos se requerirían de 150 millones para sus labores, conscientes de la necesidad de medidas de austeridad solicitaron al Congreso Local solo 101 millones de pesos para el el 2020. Sin embargo, lamentó que la Sefiplan haya decidido considerar solo 45 millones 569 mil 871 pesos para el IVAI lo que representa, 5 millones menos que lo que se ejerció en 2019 manteniéndose así como uno de los órganos veracruzanos “más castigados” en el tema del presupuesto.

Sin importar lo que se nos ha estado aprobando en los últimos años en materia presupuestal hemos estado cumpliendo con nuestras obligaciones, el instituto ha estado cumpliendo con la sociedad veracruzana y no va a ser la excepción

Precisó que desde hace varios años, en el IVAI se han estado aplicando medidas de austeridad tales como la disminución de los salarios de los consejeros, la reducción de partidas de gasolina y otros gastos así como un mayor aprovechamiento de los insumos.

Sin embargo, Mendoza Hernández confirmó que si se buscará que el pleno del IVAI asista a reuniones con diputados locales a fin de que estos puedan reconsiderar el presupuesto y otorgarles un mayor monto para el próximo año para no llegar a medidas extremas como el despido de trabajadores o el incumplimiento de algunas obligaciones. “No va a ser inoperable el instituto pero va a ser más difícil el poder cumplir con nuestras obligaciones pero el compromiso lo tenemos”, reiteró.

Fotos: Miguel Castillo

El comisionado presidente del IVAI dio a conocer que aunque durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez la entrega de las partidas presupuestales al instituto se han dado en tiempo y forma, existe un adeudo de 10 millones de pesos que se viene arrastrando de administraciones pasadas que no ha sido liquidado.

PODER JUDICIAL NECESITA SU PRESUPUESTO COMPLETO PARA OPERAR

Luego de que el presupuesto para el Poder Judicial tendría –de acuerdo al proyecto enviado por la Sefiplan- un recorte mayor a los 35 millones de pesos pasando de mil 930 millones 625 mil 559 pesos a mil 895 millones 400 mil 865 pesos, Raúl Pimentel Murrieta, magistrado adscrito a la sala de responsabilidad juvenil del Tribunal Superior de Justicia del Estado consideró que esto implicaría recortes o reducción a las actividades de esta institución.

En entrevista, recordó que serán los diputados locales quienes determinen en última instancia el monto que se aplicará por lo que hizo un llamado a los legisladores a respetar las necesidades del Poder Judicial y a asignar el presupuesto que se solicitó de manera inicial. Y es que, dijo, durante este año se crearon juzgados y se habilitaron otras regiones en el organigrama por lo que se requiere garantizar que estos tengan el dinero suficiente para operar. “Además para todos es sabido que hay aspectos inflacionarios que no se han detenido aun cuando se habla de una estabilidad los costos son mayores si hablamos de implementos de trabajo como computadoras”, precisó.

Por cuanto hace al llamado de austeridad que el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez ha realizado desde el Poder Ejecutivo, el magistrado precisó que en el caso del Poder Judicial desde el mes de enero se llevaron a cabo reuniones para implementar políticas de austeridad entre ellas la eliminación del pago de celulares, la no aprobación de viajes extraordinario al extranjero y la eliminación de gastos superfluos. “Yo creo que la política de austeridad es fundamental para todas las instituciones pero lo más importante no es aplicar esa política sino que los ahorros y la economía vayan en beneficio de quienes más lo necesiten. No basta con que seas austero sino que se sepa distribuir los recortes correspondientes”, precisó.

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Aunque se buscó conocer la opinión de integrantes de la Fiscalía General del Estado cuyo presupuesto tendrá un recorte de alrededor de 488 millones de pesos así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y del Tribunal Electoral del Estado cuyos presupuestos para el próximo año tendrían recortes de alrededor de 5 millones de pesos ninguna de las tres dependencias quiso emitir declaraciones al respecto.

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