En 2024, México vivirá lo que se considera el proceso electoral más grande en toda su historia. Además de elegir a la próxima persona que ocupará la Presidencia, se renovará la totalidad del Congreso federal y la Cámara de Senadores. Eso, sumado a los procesos locales, dan un total de 20 mil 375 cargos en disputa.
El escenario en materia de seguridad no es el más favorable, la violencia en México es un fenómeno que ha persistido e intensificado desde el 2006, año en que se declaró la guerra contra el narcotráfico; creció desmedidamente, desde entonces, cada año se ha posicionado como igual o más violento que el año anterior.
El último sexenio se ha caracterizado por encabezar las cifras preocupantes, alcanzando números de más de 30 mil 500 asesinatos en 2023 y pese a que la Secretaría de Seguridad Pública federal defiende que los homicidios van a la baja, las cifras se mantienen arriba de las 30 mil víctimas por sexto año consecutivo, consolidando a la actual administración como la más violenta en la historia reciente del país.
Aunado a esto, en los últimos años se ha visto un incremento en la cantidad de ataques dirigidos a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos y políticos, identificando estos últimos con un incremento considerable en épocas de campaña.
Según los datos del Inegi, los estados que presentan mayor índice de violencia en México son: Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Colima, Zacatecas, Jalisco, Sonora, Baja California, Chihuahua y Michoacán.
En violencia electoral, Guerrero es el estado que concentra la mayor incidencia al contabilizar ocho de los decesos, seguido por Veracruz y Michoacán con cinco casos cada uno; en total van 28 personas candidatas, precandidatas y excandidatas asesinadas.
El mismo Inegi ha clasificado a los estados según la intervención del crimen organizado, encabezando Jalisco, Morelos, Chiapas, Colima, Guerrero y Michoacán, con un “Nivel Muy Alto”; Tabasco, Guanajuato, Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Estado de México y Veracruz con un “Nivel Alto”; Ciudad de México y Puebla en un “Nivel Medio”; y Yucatán en un “Nivel Muy Bajo”.
Esta oleada de violencia ha afectado a militantes de casi todos los partidos políticos que participan en la contienda, ya que los ataques se realizan en contra de cualquier persona y partido. La mayoría de las víctimas de esos asesinatos, once eran abanderadas de Morena, cuatro del PAN, tres de Movimiento Ciudadano, cuatro del PRD, cuatro del PRI y dos del Verde Ecologista. Cinco de los asesinatos fueron perpetuados en Veracruz.
Debe resaltarse que dos fueron contra personas de la población diversa, Miriam Noemí Ríos, mujer trans de Jacona, Michoacán, y Moisés Tomás Juárez Abarca, titular de la Dirección de Diversidad Sexual en el Comité Estatal del PRD en Guerrero. La población LGBTQ+ no está exenta de recibir este tipo de violencia política catalogada como extrema.
La violencia como factor principal, pone en riesgo no sólo la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos, sino también la democracia y su correcto ejercicio, cosa que en nuestro país, desde hace ya varios años, se ha visto deteriorada. Llama la atención que el INE y el OPLEVER no tengan un atlas de riesgo, que los partidos que integran la alianza del gobierno oficialista y los tres niveles de gobierno afines al mismo, señalen que son “hechos aislados”.
Quien gane las elecciones del próximo 2 de junio deberá gobernar enfrentándose a un estado que en los últimos meses ha sido escenario de desapariciones, feminicidios, abandono de migrantes, detenciones arbitrarias y persecución política.
*Maestro. Activista.
