A pesar de los avances legales, con 21 estados donde se reconoce el derecho a la identidad de género, México es el segundo país de Latinoamérica con más violencia por homofobia y transfobia, después de Brasil.
El país enfrenta una ola de violencia transfóbica este 2024, con al menos siete personas trans asesinadas en los primeros 15 días del año, tres de esos crímenes fueron en Veracruz.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el transfeminicidio se define como “un término para describir el asesinato de mujeres trans cometido por el desprecio o sentido de posesión hacia ellas”.
Las mujeres trans enfrentan diariamente violencia, discriminación y criminalización de forma constante derivada de la exclusión sufrida en sus hogares y comunidades. Esta situación aumenta ante la presencia de prejuicios, los cuales traen como resultado pensamientos negativos basados en una falsa apreciación de la realidad.
La violencia por perjuicio está basada en la idea binaria de que existen únicamente dos géneros asignados al nacer, femenino y masculino, lo cual potencia dicha discriminación.
Por otra parte, las leyes sobre la violencia contra las mujeres únicamente reconocen aquellas mujeres nacidas con un genital femenino, dejando fuera de su marco de aplicación a las mujeres transexuales, transgénero e intersexuales.
La violencia contra las mujeres transgénero se da en un contexto de transmisoginia, la cual se trata de una forma de discriminación y opresión que surge por la intersección entre la transfobia y la misoginia. Esta discriminación afecta a las mujeres trans y las personas no binarias en el espectro transfemenino de género. Es decir, se da como resultado del rechazo hacia la diversidad sexual y de género (transfobia) y hacia lo femenino (misoginia).
La ONU señala que las personas transgénero “son aquellas cuya identidad de género es diferente a la asignada al nacer en función de su sexo biológico”. En mayo de 2019 deja de considerar a la transexualidad como un desorden mental, la clasifica como una condición sexual con la intención de reducir el estigma y mejorar el cuidado de las personas trans.
El documento, llamado CIP-11, fue presentado a la Asamblea mundial de la salud, en la fecha mencionada en Ginebra, para ser adoptado por los Estados miembros, entre ellos México y entrar en vigor el 1 de enero de 2022.
La necesidad de legislar para tipificar el delito de transfeminicidio visibiliza la problemática que padece la comunidad trans. A nivel federal, se han presentado iniciativas para contemplar este delito en el Código Penal Federal, quienes las han impulsado han sido las diputadas trans, Salma Luevano Luna y María Clemente García Moreno, y el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario de Morena. En la Ciudad de México, el diputado Temístocles Villanueva, también de Morena, presenta dicha iniciativa para reformar el Código Penal para la CDMX.
El 29 de febrero de este año, el estado de Nayarit aprobó el delito de transfeminicidio con una pena máxima de 60 años. La iniciativa fue nombrada como “Ley Paola Buenrostro”, en honor a una mujer trans trabajadora sexual que fue asesinada en 2016 en la Ciudad de México, y después de ocho años de lucha incansable por parte de la activista Kenia Cytlaly Cuevas Fuentes, presidenta de Casa de Muñecas Tiresias A.C, la Fiscalía de ese estado la reconoció tiempo después como la primera víctima oficial de transfeminicidio del país.
Este avance histórico debe ser referente para que a nivel nacional y al interior de la República se repliquen, especialmente en el estado de Veracruz, pues se debe recordar que a nivel nacional ocupa el primer lugar en crímenes de odio por homofobia y transfobia, sumada a esta propuesta, se encuentra pendiente la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Odio por Homofobia, aprobada por 48 integrantes del Congreso local. Sí es cierto que se ha avanzado en la conquista de nuestros derechos, pero todavía hay muchos temas pendientes que atender.
*Maestro. Activista
