/ miércoles 14 de febrero de 2024

Lucha por la democracia: la ley es la ley

Un sólido Estado de derecho es fundamental para los empresarios que desean invertir en la generación de empleos en México por varias razones clave. La estabilidad legal proporciona seguridad a los inversionistas de que sus derechos de propiedad estarán protegidos y que los contratos serán respetados. Esto les da confianza para invertir a largo plazo en proyectos que generen empleo.

Un sistema legal robusto reduce el riesgo de enfrentar litigios prolongados o disputas legales costosas, lo que puede afectar negativamente la rentabilidad de una inversión. Los grandes capitales productivos prefieren países donde puedan confiar en la aplicación justa y eficiente de la ley. Un Estado de derecho sólido contribuye a combatir la corrupción al establecer normas claras y procedimientos transparentes para la conducción de negocios. Esto ayuda a prevenir prácticas deshonestas e ilegales que podrían obstaculizar el crecimiento económico y desincentivar la inversión.

Si se cuenta con un entorno legal confiable y transparente, se fomenta un clima de negocios saludable que atrae inversión extranjera y nacional. Esto, a su vez, impulsa el crecimiento económico y la creación de empleo, beneficiando tanto a los inversionistas como a la población local con mayores fuentes de empleo y una actividad económica más vigorosa en su entorno. Pero esta posibilidad del “nearshoring”, es evidente que no le interesa a los gobiernos de Morena.

Y es que un gobierno corrupto como el que padecemos, ahuyenta la inversión y, por ende, va en contra del mandato constitucional de promover las condiciones para el desarrollo económico y la ampliación del aparato productivo. El Estado mexicano tiene la obligación moral y legal de garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos, entre los cuales se encuentran el derecho al trabajo, a un nivel de vida adecuado y al desarrollo económico. Cuando un gobierno se corrompe y permite o fomenta prácticas que obstaculizan el crecimiento económico, está vulnerando estos derechos fundamentales.

La corrupción no solo afecta el desarrollo económico, sino que también vulnera otros derechos humanos, como el acceso a la justicia (caso de Rosario Robles, que la mantuvieron encarcelada de manera injusta), la igualdad ante la ley (como las venganzas personales del fiscal Alejandro Gertz Manero o de la hasta hace poco fiscal capitalina Ernestina Godoy) y la participación política (los delitos electorales realizados por los gobiernos de Morena, que ante el declive de sus preferencias, usan recursos públicos de forma descarada, dizque “por amor a Veracruz”).

Un gobierno corrupto tiende a favorecer a unos pocos en detrimento de la mayoría, generando desigualdades socioeconómicas y limitando las oportunidades de progreso para la población en su conjunto. En este sentido, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar un ambiente propicio para la inversión y el desarrollo económico, lo cual implica combatir la corrupción, fortalecer el Estado de derecho y promover la transparencia y la rendición de cuentas en todas las esferas del gobierno. Esto no solo es una obligación jurídica, sino también un imperativo ético basado en el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas.

En última instancia, la legitimidad de una autoridad para gobernar, están intrínsecamente ligadas a su capacidad para proteger y promover el bienestar de sus ciudadanos, incluida la creación de condiciones favorables para el desarrollo económico y la seguridad. Cuando el gobierno falla en esta responsabilidad, no solo está incumpliendo con su mandato constitucional, sino que también está traicionando la confianza y la esperanza de aquellos a quienes debería servir.

*Diputada federal. PRI

@lorenapignon_

Un sólido Estado de derecho es fundamental para los empresarios que desean invertir en la generación de empleos en México por varias razones clave. La estabilidad legal proporciona seguridad a los inversionistas de que sus derechos de propiedad estarán protegidos y que los contratos serán respetados. Esto les da confianza para invertir a largo plazo en proyectos que generen empleo.

Un sistema legal robusto reduce el riesgo de enfrentar litigios prolongados o disputas legales costosas, lo que puede afectar negativamente la rentabilidad de una inversión. Los grandes capitales productivos prefieren países donde puedan confiar en la aplicación justa y eficiente de la ley. Un Estado de derecho sólido contribuye a combatir la corrupción al establecer normas claras y procedimientos transparentes para la conducción de negocios. Esto ayuda a prevenir prácticas deshonestas e ilegales que podrían obstaculizar el crecimiento económico y desincentivar la inversión.

Si se cuenta con un entorno legal confiable y transparente, se fomenta un clima de negocios saludable que atrae inversión extranjera y nacional. Esto, a su vez, impulsa el crecimiento económico y la creación de empleo, beneficiando tanto a los inversionistas como a la población local con mayores fuentes de empleo y una actividad económica más vigorosa en su entorno. Pero esta posibilidad del “nearshoring”, es evidente que no le interesa a los gobiernos de Morena.

Y es que un gobierno corrupto como el que padecemos, ahuyenta la inversión y, por ende, va en contra del mandato constitucional de promover las condiciones para el desarrollo económico y la ampliación del aparato productivo. El Estado mexicano tiene la obligación moral y legal de garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos, entre los cuales se encuentran el derecho al trabajo, a un nivel de vida adecuado y al desarrollo económico. Cuando un gobierno se corrompe y permite o fomenta prácticas que obstaculizan el crecimiento económico, está vulnerando estos derechos fundamentales.

La corrupción no solo afecta el desarrollo económico, sino que también vulnera otros derechos humanos, como el acceso a la justicia (caso de Rosario Robles, que la mantuvieron encarcelada de manera injusta), la igualdad ante la ley (como las venganzas personales del fiscal Alejandro Gertz Manero o de la hasta hace poco fiscal capitalina Ernestina Godoy) y la participación política (los delitos electorales realizados por los gobiernos de Morena, que ante el declive de sus preferencias, usan recursos públicos de forma descarada, dizque “por amor a Veracruz”).

Un gobierno corrupto tiende a favorecer a unos pocos en detrimento de la mayoría, generando desigualdades socioeconómicas y limitando las oportunidades de progreso para la población en su conjunto. En este sentido, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar un ambiente propicio para la inversión y el desarrollo económico, lo cual implica combatir la corrupción, fortalecer el Estado de derecho y promover la transparencia y la rendición de cuentas en todas las esferas del gobierno. Esto no solo es una obligación jurídica, sino también un imperativo ético basado en el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas.

En última instancia, la legitimidad de una autoridad para gobernar, están intrínsecamente ligadas a su capacidad para proteger y promover el bienestar de sus ciudadanos, incluida la creación de condiciones favorables para el desarrollo económico y la seguridad. Cuando el gobierno falla en esta responsabilidad, no solo está incumpliendo con su mandato constitucional, sino que también está traicionando la confianza y la esperanza de aquellos a quienes debería servir.

*Diputada federal. PRI

@lorenapignon_