Orizaba. Ver.- El biólogo Graciano Illescas Téllez, presidente del Consejo Intermunicipal Ambientalista A.C, dio a conocer una serie de propuestas para reformar la Ley Estatal de Protección Ambiental, presentada a diputados del Congreso del Estado, para el fortalecimiento de la participación pública.
“A finales de agosto sostuvimos una reunión con diputados integrantes de la comisión de medio ambiente, recursos naturales y cambio climático, para proponerles reformas que tienen que ver con el fortalecimiento de la participación pública en temas que son atribución del Gobierno del Estado, pero que no debe ser y no debe de haber exclusión de interesados en temas ambientales al haber mucho talento, sin embargo es echado fuera de proyectos por las autoridades”, dijo el entrevistado.
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De acuerdo con el especialista, otra de las reformas solicitada es para que las autoridades ambientalistas cumplan con su informe cada dos años, como lo marca la ley, para conocer cuál es el estado del medio ambiente en el estado.
“La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emite cada tres o cuatro años a nivel nacional, un comunicado en el cual habla a detalle de cuál es el estado del medio ambiente en México, es un informe sobre residuos, agua, biodiversidad, recursos forestales, pero en Veracruz las autoridades estatales no lo hacen desde hace 20 años”, precisó el biólogo.
“La ley indica que el Estado debe de publicar ese informe cada dos años, pero no lo hace a pesar de que ese precepto tiene 20 años y nunca lo ha hecho”, señaló el entrevistado.
Y es que para el declarante: “Si Veracruz tiene liderazgo por una gran riqueza en biodiversidad, también tiene el deshonroso tercer lugar en deforestación a nivel nacional, por lo cual debería publicar esos informes porque ellos permiten darse una idea de cómo van evolucionando los resultados de las políticas públicas en el medio ambiente, vamos viendo sí mejora o empeora”.
Por eso se hizo el planteamiento a los diputados para que sea de carácter obligatorio, dice
El ambientalista dijo que en pleno siglo de la información, las empresas desconocen de la normatividad ambiental y realizan muchos proyectos de todo tipo, sin saber que deben de cubrir ciertos requisitos para la protección ambiental.
“Al no saber o no darle la importancia a la elaboración previa a los estudios de impacto ambiental, le dan armas a la Procuraduría Estatal de Protección del Medio Ambiente para ir contra las empresas”, menciona Illescas Téllez.
¿Cuánto ha recaudado la Profepa en multas?
Según el entrevistado, este año es en el que la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) ha recaudado más de 300 millones de pesos por multas, “ya los rebasó pero son recursos que no se reflejan en acciones ambientales”.
También por eso se está creando una nueva figura en la ley estatal conocida en otros estados como el Estudio de Daño Ambiental (EDA), describe el entrevistado.
Puso de ejemplo que para cuando una empresa no tiene una autorización de impacto ambiental y hace la obra y es multada, pero paga y piensa que ya cumplió, resulta que no y sigue vulnerable y sin resolutivo.
“Ha habido casos en que la empresa es multada hasta dos o tres veces por el mismo caso, por eso estamos creando la figura para cubrir ese vacío y alentar a las compañías a que hagan una inversión pequeña, previa a la realización de proyectos y de alguna manera motivarlas a meterse al marco de la ley desde un principio”, detalla el presidente de CIMA.
“Por otro lado, para quienes iniciaron obra de manera ilegal, tengan con esta reforma un esquema para ponerse al día y no se queden en la incertidumbre jurídica después de la multa”, concluye.
Nota publicada en El Sol de Orizaba
