/ jueves 23 de julio de 2020

Martínez Huerta: hasta 2021

Algunos funcionarios del gobierno federal debieron ausentarse del escenario público al enfermarse de coronavirus....

Esto cuando coincidentemente en sus parcelas de poder estallaron escándalos mediáticos por tráfico de influencia —como fue el caso del director general del IMSS, Zoé Robledo, quien estuvo confinado al menos dos semanas mientras amainaba el vendaval por la millonaria compra de ventiladores mecánicos que la dependencia a su cargo hizo a un hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, empresario que terminó siendo multado e inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública—. Al secretario de Gobierno, Éric Cisneros, también le vino como anillo al dedo haber dado positivo al Covid-19, mientras en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que preside su presunta recomendada Sofía Martínez Huerta, se daba una disputa porril entre la magistrada y el representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura, Humberto Oliverio Hernández Reducindo, por los cargos administrativos que ocupaban personeros recomendados a la titular del Poder Judicial del Estado por su hijo Guillermo Benjamín Díaz Martínez y el exmagistrado Dionisio Gutiérrez, su exjefe y actual asesor.

Y es que de todos los alfiles que Cisneros Burgos ha ido acomodando o dejado pasar en otros poderes y organismos autónomos —verbigracia en la Fiscalía General del Estado y en el Instituto Veracruzano de Acceso de la Información (IVAI)—, el caso de la magistrada Martínez Huerta parece haber sido uno de los peores yerros que como operador político del gobernador Cuitláhuac García tendrá que endosar a su cuenta personal.

¿A quién se le pudo haber ocurrido promover primero como magistrada y luego, dos meses después, como presidenta del Poder Judicial a esta abogada que no es respetada por la mayoría de sus pares, porque además de que solo posee una modesta trayectoria en la burocracia judicial —ya que ni siquiera había sido juez—, tampoco le reconocen méritos académicos ni experiencia política o ministerial que sí acreditan otros miembros del TSJ que se desempeñaron como fiscales o funcionarios del Poder Ejecutivo?

Para colmo, Martínez Huerta está a punto de cumplir 70 años de edad, con lo que automáticamente deberá dejar la magistratura. O sea, que ni siquiera podrá concluir el periodo para el que fue elegida en diciembre de 2018, por lo que en 2021 los magistrados que presiden las salas habrán de elegir a un titular interino del TSJ.

Y si acaso pensaba promover un juicio de amparo para evadir su jubilación forzosa, este viernes 17 debió desengañarla el Juzgado Décimo Quinto de Distrito del Estado de Veracruz, al negarle esta medida cautelar al magistrado Marco Antonio Lezama Moo, quien en enero pasado llegó a las siete décadas de vida.

Lezama, por cierto, fue quien propuso a Martínez Huerta para presidir el TSJE y el Consejo de la Judicatura.

Algunos funcionarios del gobierno federal debieron ausentarse del escenario público al enfermarse de coronavirus....

Esto cuando coincidentemente en sus parcelas de poder estallaron escándalos mediáticos por tráfico de influencia —como fue el caso del director general del IMSS, Zoé Robledo, quien estuvo confinado al menos dos semanas mientras amainaba el vendaval por la millonaria compra de ventiladores mecánicos que la dependencia a su cargo hizo a un hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, empresario que terminó siendo multado e inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública—. Al secretario de Gobierno, Éric Cisneros, también le vino como anillo al dedo haber dado positivo al Covid-19, mientras en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que preside su presunta recomendada Sofía Martínez Huerta, se daba una disputa porril entre la magistrada y el representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura, Humberto Oliverio Hernández Reducindo, por los cargos administrativos que ocupaban personeros recomendados a la titular del Poder Judicial del Estado por su hijo Guillermo Benjamín Díaz Martínez y el exmagistrado Dionisio Gutiérrez, su exjefe y actual asesor.

Y es que de todos los alfiles que Cisneros Burgos ha ido acomodando o dejado pasar en otros poderes y organismos autónomos —verbigracia en la Fiscalía General del Estado y en el Instituto Veracruzano de Acceso de la Información (IVAI)—, el caso de la magistrada Martínez Huerta parece haber sido uno de los peores yerros que como operador político del gobernador Cuitláhuac García tendrá que endosar a su cuenta personal.

¿A quién se le pudo haber ocurrido promover primero como magistrada y luego, dos meses después, como presidenta del Poder Judicial a esta abogada que no es respetada por la mayoría de sus pares, porque además de que solo posee una modesta trayectoria en la burocracia judicial —ya que ni siquiera había sido juez—, tampoco le reconocen méritos académicos ni experiencia política o ministerial que sí acreditan otros miembros del TSJ que se desempeñaron como fiscales o funcionarios del Poder Ejecutivo?

Para colmo, Martínez Huerta está a punto de cumplir 70 años de edad, con lo que automáticamente deberá dejar la magistratura. O sea, que ni siquiera podrá concluir el periodo para el que fue elegida en diciembre de 2018, por lo que en 2021 los magistrados que presiden las salas habrán de elegir a un titular interino del TSJ.

Y si acaso pensaba promover un juicio de amparo para evadir su jubilación forzosa, este viernes 17 debió desengañarla el Juzgado Décimo Quinto de Distrito del Estado de Veracruz, al negarle esta medida cautelar al magistrado Marco Antonio Lezama Moo, quien en enero pasado llegó a las siete décadas de vida.

Lezama, por cierto, fue quien propuso a Martínez Huerta para presidir el TSJE y el Consejo de la Judicatura.

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