El escándalo ya está, y no solamente en México, sino internacionalmente. Una investigación realizada entre 2010 y 2011 por la Fiscalía Federal del Distrito del Sur de Nueva York, y la Agencia Antidrogas DEA, hasta ahora secreta, deduce pruebas sólidas para señalar que el Cártel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, cuando fue candidato a la Presidencia de la República en 2006.
Precisa la misma que obtuvo grabaciones de audio de testigos del Cártel de Sinaloa y el círculo cercano de AMLO, que participaron directamente en la entrega, recepción, canalización del dinero, que según esa investigación, confirman que hubo el financiamiento, pero que dicha investigación se archivó por intervención directa del entonces presidente de los Estados Unidos Barack Obama, en virtud de que no estaba de acuerdo con las consecuencias internacionales que podrían tener las pesquisas, como dañar las relaciones entre México y USA, según Mike Vígil, exdirector de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Ante tales señalamientos, la respuesta del presidente de México no se hizo esperar, negando en la mañanera del primero de febrero la veracidad de la misma, exigiéndole una disculpa al gobierno de Joe Biden, quien en lugar de dársela, por conducto de su vocera en la Casa Blanca y en un video, le mandó a decir lo siguiente: “Este caso debería enviar un mensaje claro a cualquier líder extranjero, que abusa corruptamente de su poder para apoyar a los cárteles de la droga.
Si toma dinero de drogas para su elección. Si acepta sobornos de cárteles de la droga. Si trafica con drogas mortales. Si protege a los cárteles criminales de la droga. Si permite que la violencia y el asesinato florezcan a manos de los cárteles, entonces la DEA no se detendrá ante nada para hacerle responsable de sus crímenes. Si cree que puede esconderse detrás del poder de su posición, está equivocado”.
Tanto el mensaje como el mensajero son palabras mayores, como escribió Luis Spota, y yo agregaría: que lo entienda quien lo quiera entender, pero ejemplos sobran de lo que los gobiernos estadounidenses ejecutan cuando se proponen hacer justicia con sus propias manos: a) Humberto Álvarez Machain, médico jalisciense secuestrado por la DEA en nuestro país, y llevado a los Estados Unidos, ligado al caso Kiki Camarena. b) Manuel Antonio Noriega, secuestrado en Panamá y llevado a USA para purgar condena de 20 años, siendo presidente en funciones de esa nación, por solapar y ser parte de grupos criminales que traficaban drogas hacia Estados Unidos. c) Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que tan pronto dejó el cargo, la DEA lo detuvo y se lo llevo a una cárcel norteamericana, por estar ligado a cárteles de la droga colombianos y mexicanos.
Por allí te hablan, solo paso por aquí para dejarte este mensaje, parece decirle el gobierno de Joe Biden al actual inquilino de Palacio Nacional.
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